Quiebra de SanCor: La Justicia autoriza la venta de activos y modifica condiciones
La Cámara de Apelaciones de Rafaela confirmó la continuidad del proceso de venta de seis plantas y marcas de la quebrada SanCor, aunque introdujo modificaciones clave en las reglas de la licitación, como la posibilidad de pago en pesos y la exigencia de una grilla de evaluación de ofertas.

Las claves de la nota
- Continúa la venta de activos de SanCor.
- Se permite pago en pesos y se exige grilla de evaluación.
- Se comparará venta conjunta vs. por partes.
- Tasación deberá incluir valor de mercado y siniestro.
- Deuda inicial superaba US$120 millones.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, Santa Fe, ha dado luz verde para que prosiga la venta de seis plantas y marcas emblemáticas de la cooperativa láctea SanCor, que se encuentra en proceso de quiebra. La decisión judicial busca evitar un reinicio del proceso licitatorio, que había sido frenado por diversas objeciones presentadas por interesados en los activos.
Los magistrados introdujeron correcciones significativas al proceso. Entre ellas, se destaca la posibilidad de que el precio de venta pueda ser abonado en pesos argentinos, flexibilizando la exigencia previa de pago en dólares. Además, se ordenó la aprobación de una grilla de evaluación que establezca criterios claros y objetivos para puntuar cada propuesta, garantizando transparencia y evitando decisiones basadas en criterios no escritos.
Otro punto relevante es que, al momento de adjudicar, se deberá comparar si resulta más conveniente vender el conjunto de los activos o dividirlos por partes, priorizando la opción que maximice la recuperación de fondos para los acreedores. El informe del tasador deberá ser completado, incluyendo el valor probable de venta en el mercado y la incidencia del siniestro ocurrido en junio de 2026 en la planta de Sunchales, ajustando el precio mínimo a esta tasación conforme a la ley.
SanCor, que supo ser un referente del sector lácteo argentino, entró en quiebra tras presentar una deuda superior a los US$120 millones. Esta resolución judicial representa un paso crucial para intentar saldar las obligaciones pendientes y, en la medida de lo posible, recuperar valor para los acreedores en un contexto económico desafiante para el sector agroindustrial y las empresas de capital nacional.
