Promulgan Inocencia Fiscal II: sin topes para Ganancias Simplificado y rebaja de multas
La Ley 27.826, o Inocencia Fiscal II, elimina topes de ingresos y patrimonio para el régimen simplificado de Ganancias, traslada la carga de prueba al fisco y reduce sanciones, exigiendo bancarización de operaciones. Los cambios rigen desde 2025.
Las claves de la nota
- Elimina topes de ingresos y patrimonio para Ganancias Simplificado.
- Traslada carga de prueba de discrepancias al fisco (ARCA).
- Exige bancarización de operaciones para adherentes.
- Reduce multas y sanciones para pymes y empleadores rurales.
- Efectos para períodos fiscales desde 2025.
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.826, denominada "Inocencia Fiscal II", que introduce modificaciones significativas en el Impuesto a las Ganancias y el procedimiento tributario argentino. La norma, publicada en el Boletín Oficial, elimina los topes de ingresos y patrimonio previamente establecidos para acceder al régimen de declaración jurada simplificada de Ganancias, el cual tendrá efectos para los períodos fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2025. Este cambio representa un alivio considerable para pequeños y medianos contribuyentes, quienes ahora solo necesitarán ser residentes fiscales para adherir, aunque con excepciones para el período 2025.
Uno de los pilares de la nueva ley es el traslado de la carga de la prueba a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El fisco solo podrá impugnar las declaraciones basándose en información propia, de terceros o del contribuyente, lo que limita su margen de acción y fortalece la posición del contribuyente ante posibles fiscalizaciones. Se redefine la "discrepancia significativa", estableciendo umbrales más altos para que el fisco pueda cuestionar lo declarado, y se otorga un plazo de 15 días hábiles para rectificar declaraciones sin que esto compute como discrepancia, siempre que se regularice el saldo.
La ley también introduce la obligatoriedad de bancarizar las operaciones, exigiendo que las transacciones se canalicen a través de medios autorizados por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. Esta medida busca aumentar la transparencia y combatir la evasión, aunque se contemplan excepciones, como los pagos en efectivo al escriturar inmuebles. Para las pymes y empleadores rurales, se prevé una rebaja sustancial en multas y sanciones, fomentando la formalización y el cumplimiento tributario. La promulgación de esta ley, impulsada por el Ministerio de Economía, busca generar un ambiente fiscal más predecible y menos gravoso, promoviendo la inversión y el crecimiento económico.