Empresas forestales proponen reforma del cabotaje para reducir costos de transporte en hasta un 75%

La Asociación Forestal Argentina (AFoA) impulsa una reforma del régimen de cabotaje fluvial y marítimo para reducir significativamente los costos logísticos en el país, un factor clave para la competitividad de las economías regionales. La entidad forestal señala que el transporte de una tonelada de carga desde Clorinda a Rosario en camión asciende a unos US$ 100, mientras que la misma carga por vía fluvial desde Asunción a Rosario se reduce a aproximadamente US$ 25. Esta disparidad pone de manifiesto el potencial de ahorro que representa la optimización de las vías navegables argentinas, que poseen una extensa red aún subutilizada.

AFoA argumenta que la dependencia del transporte carretero de larga distancia encarece productos esenciales como alimentos, fertilizantes, materiales de construcción y otros insumos. La propuesta de reforma busca flexibilizar la contratación de buques y barcazas, simplificar trámites aduaneros y contemplar modificaciones impositivas y arancelarias. Por ejemplo, el traslado de un contenedor desde Eldorado, Misiones, hasta Buenos Aires por camión cuesta alrededor de US$ 3.600, cifra que podría descender a US$ 2.500 por vía fluvial. En la Patagonia, el transporte de contenedores a Buenos Aires por camión oscila entre US$ 5.000 y US$ 8.000, mientras que por buque de cabotaje marítimo se estima entre US$ 3.000 y US$ 4.000.

La entidad estima que una mejora integral en los costos logísticos para el NEA podría generar un ahorro anual de US$ 355 millones, equivalente al 31% del valor total exportado por la región. Los cambios propuestos incluyen la eliminación de la reserva estricta de carga, permitiendo la contratación libre de embarcaciones de países de la región y la eliminación de waivers. También se contempla una ventana de 90 días para incorporar embarcaciones y atender picos de demanda, así como la exclusión de tramos fluviales internacionales de las restricciones de cabotaje nacional. La reforma también apunta a la reducción de impuestos al combustible para embarcaciones y aranceles para la importación de remolcadores y barcazas, buscando modernizar la flota y abaratar costos operativos.

La apuesta por el transporte fluvial se presenta como un complemento al transporte terrestre, no un reemplazo. Un convoy de barcazas puede transportar el equivalente a unos 1.600 camiones pesados, lo que permitiría descongestionar rutas nacionales y reducir el impacto ambiental. El transporte fluvial emite hasta un 90% menos de gases de efecto invernadero y es entre tres y cinco veces más eficiente energéticamente que el transporte carretero. Sin embargo, la apertura del cabotaje genera cuestionamientos por parte de cámaras de armadores nacionales y sindicatos, quienes temen por el empleo y la industria naval local.