UIF fija en $100 millones el umbral para pedir más datos por depósitos de dólares del colchón

La Unidad de Información Financiera (UIF) ha oficializado la Resolución N°144/2026, un paso crucial para la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal II. Esta normativa, largamente esperada por el sector contable, busca facilitar la formalización de los dólares "del colchón" en el sistema financiero argentino. La resolución establece un umbral anual de operaciones de $100 millones, equivalentes a unos 60.000 dólares, a partir del cual las entidades financieras y otros sujetos obligados podrán requerir información adicional sobre el origen de los fondos. Por debajo de este monto, la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) será considerada un "antecedente favorable", permitiendo una debida diligencia simplificada especial y eximiendo a los contribuyentes de presentar documentación sobre sus ingresos, patrimonio o capacidad de ahorro.

La fijación de este umbral responde a una evaluación de riesgo realizada bajo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), priorizando delitos de amenaza para Argentina como la evasión fiscal simple. Expertos como César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, señalan que, si bien la adhesión al RSG simplifica los trámites por debajo de esta cifra, el monto del umbral podría ser restrictivo para operaciones de mayor envergadura, sugiriendo la necesidad de considerar la actividad específica de cada contribuyente. Es importante destacar que superar los $100 millones no implica automáticamente un reporte de operación sospechosa, sino la solicitud de mayor respaldo documental sobre el origen de los recursos.

Noelia Girardi, gerente de impuestos del mismo estudio, resalta que esta resolución completa un esquema fundamental para la incorporación de capitales al circuito formal. La medida define con claridad los procedimientos de control que las entidades deberán aplicar, diferenciando entre operaciones que no exceden el límite y aquellas que sí lo hacen. Para la región de Rosario y Santa Fe, con una fuerte actividad productiva y exportadora, esta normativa podría incentivar la repatriación de fondos, aunque la efectividad dependerá de la percepción de seguridad jurídica y la adecuación del umbral a las realidades económicas locales. Los inversores y productores deberán estar atentos a cómo las entidades financieras interpretan y aplican estos nuevos controles, especialmente ante la volatilidad cambiaria y la búsqueda de alternativas de inversión más seguras.