Run Run: Los "muchos padres" del "narco puerto" de Rosario y la "refundación" de Fiscalía
La investigación fiscal revela que la Terminal Puerto Rosario (TPR) fue utilizada para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico internacional, con la participación de empresarios españoles y locales.
Las claves de la nota
- Jordi Pujol (h) financió la compra de acciones de TPR con fondos del narcotráfico.
- Se detectó un desembolso inicial de €1.850.000 en febrero de 2005.
- Gustavo Shanahan, socio local, habría administrado las maniobras de lavado.
- La investigación expone la falta de controles estatales en la concesión portuaria.
Una profunda investigación fiscal ha puesto al descubierto presuntas operaciones de lavado de dinero a gran escala vinculadas a la Terminal Puerto Rosario (TPR), que habrían utilizado la concesión portuaria como fachada.
Según los fiscales federales Juan Argibay, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari, el empresario catalán Jordi Pujol (hijo) habría financiado la compra de acciones de TPR con fondos provenientes, en muchos casos, del narcotráfico internacional. El desembolso inicial de €1.850.000 en febrero de 2005, a través de la firma off shore Brantridge Holdings hacia Loster Company (propiedad del hijo del entonces presidente de TPR, Guillermo Salazar Boero), marcó el inicio de un fondeo constante.
Esta operatoria, triangulada para ocultar el origen y destino de los fondos, habría permitido a Pujol (h) adquirir el control total de TPR, para luego venderla a Vicentin en otra operación cuestionada. Gustavo Shanahan, socio de Pujol en Rosario, es señalado como el administrador local de estas maniobras de lavado, que se extendieron incluso tras la venta del puerto, involucrando la compra de propiedades, vehículos de alta gama y el fondeo de una "cueva financiera".
La falta de controles estatales sobre los movimientos accionarios de TPR, que operó las terminales I y II del puerto rosarino, es un punto crítico expuesto por la investigación. El puerto, lejos de ser un motor de desarrollo, navegó entre 2002 y 2012 en la intrascendencia económica, lo que ahora se explica por su rol en actividades ilícitas.