RIGI: El Gobierno dejaría de recaudar hasta USD 8.500 millones; provincias con proyectos, las más beneficiadas
Cálculos privados estiman que el Estado argentino podría dejar de percibir hasta USD 8.500 millones por los beneficios impositivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El esquema favorece desproporcionadamente a las provincias con proyectos adheridos.
Las claves de la nota
- Pérdida fiscal estimada en USD 8.500 millones por el RIGI.
- Provincias con proyectos RIGI reciben inversión 4,16 veces su aporte.
- Gasto tributario anual oculto estimado en USD 3.359 millones.
- Reclamo formal al FMI por inconsistencias presupuestarias.
El debate en torno al Presupuesto 2027 se intensifica por el impacto fiscal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Economistas y legisladores advierten sobre una significativa merma en la recaudación nacional debido a los beneficios impositivos otorgados a grandes proyectos.
Según Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de Eco Go, si las empresas con proyectos RIGI tributaran bajo el régimen general, la recaudación alcanzaría los USD 26.000 millones. Sin embargo, con el RIGI, esta cifra desciende a USD 17.500 millones, generando una brecha de USD 8.500 millones. De este monto, la Nación asume un costo fiscal de USD 6.200 millones, mientras que las provincias con proyectos RIGI resignan USD 1.200 millones, pero reciben a cambio USD 5.000 millones en inversiones, multiplicando su aporte inicial por 4,16 veces.
Esta dinámica genera un esquema que, según Dal Poggetto, favorece a las provincias receptoras de inversiones RIGI, en detrimento de una distribución fiscal más equitativa a nivel nacional. El diputado Guillermo Michel (Unión por la Patria) complementa estas estimaciones, señalando que el gasto tributario asociado al RIGI no se refleja adecuadamente en el proyecto presupuestario. Michel calcula una pérdida anual de USD 3.359 millones, equivalente al 0,49% del PBI, cuando los proyectos alcancen su plena ejecución, lo cual es relevante dado que el 47% de la inversión se desembolsa hasta 2028.
La oposición ha elevado formalmente su reclamo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), argumentando que el superávit primario proyectado para 2027 es inconsistente al no contemplar este gasto tributario. La carta enviada a Kristalina Georgieva también cuestiona la asignación discrecional de fondos a la "Jurisdicción 91" y la falta de transparencia en su distribución, sugiriendo que podría ser utilizada como herramienta de presión política sobre las provincias.