Productor citrícola en Misiones acumula 115 denuncias por robo y pierde hasta 400 toneladas de fruta al año
Un productor citrícola en Misiones ha presentado 115 denuncias por robo en un año, perdiendo hasta 400 toneladas de fruta. La inseguridad rural y la inacción judicial paralizan la producción en la zona de frontera.
Las claves de la nota
- 115 denuncias por robo en un año en Misiones.
- Pérdidas de hasta 400 toneladas de fruta anuales.
- Delincuentes reincidentes y justicia ineficaz.
- Productores abandonan cítricos por inseguridad.
La inseguridad rural en Misiones ha alcanzado niveles alarmantes, con Ricardo Ranger, un productor citrícola de Puerto Amado, acumulando 115 denuncias por robo en poco más de un año. Su establecimiento, dedicado al cultivo de naranjas, mandarinas y limones en 200 hectáreas, sufre robos semanales que van desde 100 a 1000 kilos por incursión, llegando a pérdidas de hasta 400 toneladas anuales en años anteriores. La fruta sustraída es revendida en la vía pública por los mismos delincuentes reincidentes, quienes ingresan a la chacra cortando alambrados y, en ocasiones, armados.
Ranger relata que, a pesar de las numerosas denuncias y un pedido explícito del Ministro de Gobierno de Misiones para documentar el problema, la respuesta judicial ha sido nula. Los delincuentes son frecuentemente aprehendidos por la policía, pero liberados al día siguiente por la justicia, lo que genera un ciclo de impunidad. El productor mantiene 15 causas como querellante, todas paralizadas, y ha presentado 12 prontos despachos sin obtener avances significativos. Un oficio judicial que ordenaba recorridas policiales en las zonas de robo tampoco ha resuelto la situación.
La persistente inseguridad ha llevado a varios productores vecinos a abandonar el cultivo de cítricos, reconvirtiendo sus tierras a la forestación o la yerba mate, actividades consideradas menos vulnerables a los saqueos. El establecimiento de Ranger se ha convertido en uno de los últimos reductos de la citricultura en la región, empleando a unas 40 familias. A pesar del desgaste y las pérdidas económicas, Ranger asegura que continuará denunciando, argumentando que la falta de justicia y seguridad jurídica imposibilita el desarrollo productivo.
Este caso pone de manifiesto la fragilidad de la seguridad rural en zonas de frontera, con implicancias directas para el sector agropecuario argentino. La falta de resultados en la persecución del delito y la lentitud del sistema judicial generan un clima de desconfianza que desincentiva la inversión y la producción, afectando la cadena de valor de productos clave como los cítricos. La situación en Misiones podría ser un reflejo de problemáticas similares en otras regiones productivas del país, demandando respuestas integrales que aborden tanto la prevención como la sanción efectiva de los delitos rurales.