Nación arancela salud a extranjeros no residentes; diputada santafesina impulsa medida similar en la provincia

El gobierno nacional ha oficializado el procedimiento para comenzar a cobrar por la atención médica no urgente a personas extranjeras que no residen en Argentina. Esta medida busca optimizar el uso de recursos y generar contraprestaciones económicas para el sistema de salud. En paralelo, la diputada libertaria Silvia Malfesi ha presentado un proyecto de ley en la provincia de Santa Fe con un objetivo similar: arancelar las prestaciones de salud pública para aquellos que no son residentes permanentes, incluyendo turistas y aquellos en proceso de radicación.

Malfesi aclaró que la propuesta santafesina no afectará a todos los inmigrantes, sino específicamente a los turistas y a quienes aún no han completado sus trámites de residencia. Es importante destacar que la asistencia en casos de emergencia médica y situaciones críticas quedará excluida del arancelamiento, priorizando la humanidad en estas circunstancias. Tampoco se aplicará si existen acuerdos de reciprocidad con otros países, como el existente con Chile.

La diputada defendió la iniciativa argumentando la necesidad de un uso eficiente de los recursos públicos, especialmente en el área de salud, donde cada peso es valioso. Si bien reconoció que aún no se cuenta con una cuantificación precisa del impacto económico en Santa Fe, enfatizó que la premisa es que los fondos públicos, provenientes de los contribuyentes santafesinos, se administren de manera responsable. Se prevé la utilización de mecanismos de facturación ya existentes en los efectores de salud, adaptándolos para recibir una contraprestación por los servicios brindados a este grupo.

La medida también se enmarca en un debate cultural y migratorio más amplio. Malfesi señaló que la coyuntura actual, con movimientos migratorios diferentes a los de 1853, justifica una revisión de las políticas históricas de fronteras abiertas. Subrayó la importancia de comprender que los servicios estatales no son gratuitos y que su mantenimiento y provisión implican un costo que debe ser considerado, buscando desterrar la idea de que el Estado debe proveer todo sin contrapartida.