Investigadora del INTA desafía su "exoneración" y sigue trabajando en Balcarce

La investigadora del INTA, Virginia Aparicio, ha decidido continuar asistiendo a su puesto de trabajo en Balcarce y presentará recursos administrativos contra su reciente "exoneración". Esta medida, que marca un hito al ser la primera de su tipo en los 70 años de historia del INTA, ha generado gran revuelo en la institución.

Aparicio, quien coordinaba el Proyecto Sprint, fue sancionada tras la aparición de datos sobre agroquímicos en muestras humanas y ambientales en 2023. El INTA le habría ordenado no presentar los resultados, argumentando cuestionamientos sobre la metodología de medición de residuos fitosanitarios en orina y sangre sin aval médico especializado. La investigadora denunció esta situación como "censura".

El proceso sumarial que culminó con la "exoneración" se extendió por tres años, coincidiendo con una gestión del INTA marcada por la reducción de personal, la venta de activos y designaciones cuestionadas. Muchos interpretan la sanción a Aparicio como una demostración de poder de la actual dirección, liderada por Nicolás Bronzovich y Carlos Vera, buscando "imponer miedo" al personal, según declaraciones gremiales.

La resolución del INTA señala que las actividades de Aparicio y su equipo excedieron sus atribuciones y el marco autorizado, a pesar de que el organismo había aprobado el Proyecto Sprint en 2020 y designado a Aparicio como coordinadora. Se cuestiona también la subcontratación de su esposo para realizar mediciones, aunque se compara esta práctica con viajes de funcionarios financiados por privados, sugiriendo una aplicación desigual de la "vara". Las acusaciones de "proselitismo" y "uso indebido del patrimonio estatal" son consideradas por algunos como genéricas y aplicables a muchos políticos.

Se anticipa que la defensa de Aparicio podría tener éxito en la justicia, lo que implicaría que los costos de esta acción administrativa recaigan sobre los contribuyentes. Mientras tanto, Aparicio se mantiene firme en su puesto de trabajo, siguiendo las indicaciones de su abogado, y se espera que la apelación administrativa sea el próximo paso en este conflicto.