Inocencia Fiscal vs. Prevención de Lavado: La Contradicción para Sujetos Obligados

La Ley de Inocencia Fiscal, diseñada para captar dólares "del colchón" sin escudriñar su origen, se encuentra en una encrucijada regulatoria. El principal conflicto surge para los denominados "sujetos obligados" –profesionales como contadores, abogados y escribanos– quienes, por ley, deben reportar a la Unidad de Información Financiera (UIF) cualquier operación que pudiera estar vinculada al lavado de activos. La norma, en su afán de atraer capitales, promueve la adhesión a un régimen simplificado que, en teoría, no exige justificar la procedencia de los fondos. Sin embargo, la contrapartida es que estos mismos profesionales deben mantener sus obligaciones de "debida diligencia" y monitoreo de operaciones sospechosas.

Esta dualidad genera una situación de "hijo de padres separados", como describe Federico Schweizer, socio del estudio Carlos Quian & Asociados. Por un lado, se les presenta la adhesión al régimen como un "antecedente favorable" para el contribuyente. Por otro, se les recuerda que siguen bajo la lupa de las normativas antilavado. La constancia de adhesión al régimen simplificado solo acredita una decisión administrativa del contribuyente, no su origen lícito. El riesgo, según Schweizer, radica en que el lavado de activos puede provenir de actividades ilícitas diversas, no solo de evasión fiscal, y la ley de "inocencia fiscal" solo cubre la "inocencia fiscal", no la penal.

La Argentina ha registrado un número significativo de sentencias condenatorias por lavado de dinero, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico, lo que subraya la importancia de los controles. Los sujetos obligados se enfrentan a la compleja tarea de aplicar un "Enfoque Basado en Riesgo", graduando la intensidad de sus controles. Para profesionales que no son analistas de riesgos por naturaleza, adaptar sus tareas a estos lineamientos se vuelve un desafío considerable. El cliente puede presentarse con la constancia de adhesión como un "salvoconducto", obligando al profesional a ponderar ese "antecedente favorable" mientras cumple con la exigencia de evaluar el perfil transaccional, el análisis de riesgos y la detección de inusualidades. El incumplimiento de estas obligaciones antilavado puede acarrear multas sustanciales.