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Dilema de las pick-ups en el RIMI: el decreto que limita una inversión esencial en el agro

El decreto reglamentario del RIMI excluye a las camionetas de los beneficios por una nomenclatura aduanera, a pesar de ser esenciales para la producción agropecuaria. La ley las contempla, pero el reglamento las deja fuera por una sigla específica.

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Dilema de las pick-ups en el RIMI: el decreto que limita una inversión esencial en el agro
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Las claves de la nota

  • Camionetas excluidas del RIMI por nomenclatura aduanera.
  • Ley contempla inversión productiva, decreto la restringe.
  • Nomenclatura aduanera no es idónea para el RIMI.
  • Impacto en inversión y competitividad del agro.

Resumen elaborado con inteligencia artificial a partir de la nota de Infocampo.

El Régimen de Incentivo a la Inversión para la Producción Agroindustrial (RIMI) enfrenta un obstáculo significativo para las empresas del sector: la exclusión de las camionetas como inversión elegible. A pesar de que la ley que impulsa el RIMI contempla la inclusión de vehículos para uso productivo, el decreto reglamentario ha utilizado una nomenclatura aduanera específica que, por no incluir la sigla "BK" en el Anexo I del Decreto 557/2023, deja fuera a las camionetas. Esto representa un problema considerable, ya que estos vehículos son herramientas fundamentales en las explotaciones agropecuarias, utilizadas diariamente para el traslado de personal, insumos, animales, repuestos y herramientas.

La contadora Josefina Bavera, en un análisis para Errepar, detalló que si bien una camioneta afectada a un establecimiento rural no puede ser considerada un "automóvil" en el sentido estricto, tampoco es elegible bajo la reglamentación actual. La posición arancelaria (NCM 8704.21.90) de estos vehículos no cumple con el requisito formal impuesto por el decreto, a pesar de que la ley en sí misma exige que el bien esté "afectado directamente al desarrollo de actividades productivas" y sea "amortizable en el impuesto a las ganancias", criterios que una camioneta de uso rural cumple cabalmente.

El problema radica en una "integración normativa defectuosa", donde el reglamento, en lugar de basarse en la afectación productiva definida por la ley, introduce un filtro formal dependiente de una nomenclatura aduanera. El Anexo I del Decreto 557/2023, que contiene la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) con el Arancel Externo Común 2022, fue diseñado para la política comercial y la fijación de alícuotas de importación, no para delimitar la elegibilidad de bienes dentro de un régimen de incentivo a la inversión productiva. La sigla "BK" en este contexto se utiliza para administrar márgenes arancelarios, una finalidad distinta a la que se pretende aplicar en el RIMI.

La exclusión de las camionetas, que son bienes esenciales y de renovación frecuente en el campo, impacta directamente en la capacidad de las microempresas agropecuarias para acceder a los beneficios del régimen, especialmente considerando la inversión mínima requerida de U$S 150.000. La ley argentina ya ha resuelto en el pasado la distinción entre automóvil y camioneta de trabajo, reconociendo la función productiva de esta última. Por lo tanto, la solución a este dilema reside en una corrección normativa por parte del reglamento que armonice con el espíritu y los objetivos de la ley del RIMI.

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