Buenos Aires: Ley polémica permite destinar fondos de caminos rurales a obras hídricas por 180 días
La Provincia de Buenos Aires promulgó una ley que autoriza a los intendentes a reasignar hasta el 100% de los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural destinados a caminos rurales para obras hídricas. La medida, vigente por 180 días, fue rechazada por la principal entidad rural de la provincia.
Las claves de la nota
- Ley permite reasignar fondos de caminos rurales a obras hídricas.
- Vigencia de 180 días hasta mayo de 2027.
- Carbap rechaza la medida por desfinanciar caminos rurales.
- Intendentes tienen facultad, no obligación, de reasignar fondos.
- Debate sobre priorización de infraestructura hídrica vs. vial.
El Gobierno bonaerense promulgó la Ley 15.688, que habilita a los intendentes a desviar hasta el 100% de los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural, originalmente asignados al mantenimiento de la red vial rural, hacia la ejecución de obras hídricas. Esta medida excepcional tendrá una vigencia de 180 días corridos, extendiéndose hasta principios de mayo de 2027, en un contexto marcado por el fenómeno climático de El Niño.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), la entidad rural más importante de la provincia, rechazó enfáticamente la ley, calificándola de "inadmisible". Según Carbap, quitarle recursos a los caminos rurales en su estado actual de deterioro, que requiere mayor inversión, es un error. La entidad argumenta que los municipios ya recaudan sumas significativas a través de la tasa vial y que, antes de reasignar fondos, se debería exigir una correcta administración de los recursos existentes.
La ley permite la utilización de estos fondos, que normalmente se distribuyen entre el Ejecutivo provincial, el Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental, y los municipios, en obras de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y adquisición de equipamiento hídrico. La reasignación es una facultad de los intendentes, no una obligación, lo que les otorga flexibilidad para priorizar la atención de la emergencia hídrica o mantener el destino original de los fondos para la red vial.
Desde la perspectiva de Rosario Finanzas, esta medida genera un debate crucial sobre la asignación de recursos en un contexto de crisis climática y necesidades de infraestructura contrapuestas. Si bien la urgencia de las obras hídricas es innegable, especialmente para proteger las producciones agropecuarias de la región y mitigar los efectos de inundaciones recurrentes, la desatención de los caminos rurales podría agravar los problemas logísticos y de acceso para el sector. La falta de sesionar durante gran parte del año por parte de la Legislatura bonaerense, y la rápida aprobación de esta ley, también ha generado suspicacias en el sector rural.
La situación subraya la necesidad de una planificación financiera más robusta y fuentes de financiamiento alternativas para obras de infraestructura críticas, tanto hídricas como viales. Para los productores de la región, será fundamental observar cómo los intendentes deciden aplicar esta facultad y si se implementan mecanismos para asegurar que las necesidades de ambos tipos de infraestructura sean atendidas de manera equilibrada a futuro. La efectividad de la ley dependerá de la gestión local y de la capacidad de encontrar soluciones sostenibles.