Visec y el agro: Argentina defiende la competitividad frente a exigencias comerciales internacionales

La producción agropecuaria argentina se encuentra en un punto crítico, debiendo equilibrar la adaptación a las exigencias ambientales y de trazabilidad de los mercados internacionales con la defensa de la competitividad y la libertad de sus productores. Desde Carbap se enfatiza la necesidad de demostrar una producción responsable para asegurar mercados, pero se advierte que el cumplimiento no debe implicar la renuncia a la libertad del productor, la aceptación de condiciones comerciales opacas o la asunción de costos innecesarios.

La Unión Europea, a través de normativas como el Reglamento EUDR (2023/1115) para soja y carne bovina, incrementa sus requisitos de diligencia debida y trazabilidad. Si bien los objetivos ambientales pueden ser legítimos, su implementación genera costos y dificultades crecientes para los productores. Argentina debe prepararse para cumplir, pero también defender activamente los intereses de su sector productivo, evitando que estas exigencias se conviertan en barreras comerciales que restrinjan inversiones, encarezcan la producción y condicionen el crecimiento de actividades generadoras de empleo y exportaciones.

La clave reside en que la protección ambiental se sustente en objetivos concretos y reglas consistentes, que reconozcan las legislaciones nacionales y las particularidades productivas, sin convertirse en una vía para imponer barreras o generar desventajas competitivas. El Reglamento EUDR no obliga a utilizar una plataforma privada específica, diferenciando las exigencias regulatorias de las herramientas de cumplimiento. Plataformas como Visec pueden ser útiles, pero deben operar bajo condiciones claras, transparentes y competitivas, garantizando al productor el conocimiento de costos, la administración de sus datos y alternativas disponibles.

El problema surge cuando una herramienta de facilitación se transforma en una condición para comercializar, trasladando al productor el costo de decisiones que exceden su responsabilidad y reduciendo el precio que recibe. La concentración de información en pocos sistemas también genera dependencias y debilita la capacidad de negociación. Por ello, se reclama competencia entre plataformas, interoperabilidad y libertad de elección de herramientas que acrediten los mismos requisitos. La responsabilidad en la cadena de valor debe distribuirse equitativamente, evitando que los costos de adaptación recaigan desproporcionadamente sobre el eslabón más atomizado.

El Estado argentino tiene un rol fundamental en la defensa de sus productores, negociando mejores condiciones y evitando que las regulaciones se conviertan en barreras. Debe evaluar el impacto de las normas, participar en negociaciones y reclamar reglas proporcionales y justificadas. La Argentina no debe elegir entre sustentabilidad y libertad para producir; necesita ambas. Demostrar cumplimiento internacional es esencial, pero también lo es evitar que la adaptación a estas normas concentre información, encarezca el acceso a mercados y debilite la posición del sector. El impacto en Rosario y su región, epicentro de la producción sojera y ganadera, es directo, ya que cualquier restricción o encarecimiento en las exportaciones afectará la rentabilidad y el dinamismo económico local.