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Régimen de formalización laboral: cuánto se pueden ahorrar los empleadores y qué riesgos deben tener en cuenta
Un informe calculó que en los cuatro años de vigencia del beneficio una empresa puede evitar pagar hasta $135 millones en contribuciones patronales por la contratación de 10 nuevos empleados, pero advierte sobre rigurosos requisitos.
- Ahorro de hasta $135 millones en contribuciones patronales.
- Reducción de aportes del 18% al 5% para PyMEs.
- Beneficio vigente hasta el 30 de abril de 2027.
- Riesgo de penalidades por incumplimiento de requisitos.
- Verificación de condiciones del trabajador es fundamental.
El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) busca impulsar la reactivación económica mediante una significativa reducción en las contribuciones patronales para la creación de nuevos puestos de trabajo. Según un informe del estudio PMP - Contabilidad & Consultoría, este beneficio, que estará vigente hasta el 30 de abril de 2027, puede representar un ahorro considerable para las empresas. Las PyMEs verían reducida su carga del 18% al 5%, mientras que las grandes empresas pasarían del 20,4% al 5%, implicando una exención de hasta el 75% en las alícuotas de aportes patronales durante 48 meses.
El impacto financiero es sustancial: para un salario bruto promedio de $2.000.000, una PyME podría ahorrar $260.000 mensuales por empleado, acumulando $3.380.000 anuales. En un escenario de diez nuevas contrataciones, el ahorro anual ascendería a $34 millones, pudiendo alcanzar los $135,2 millones en cuatro años para las PyMEs y $160 millones para grandes empresas. Esta medida, promovida por el Ministro de Economía Luis Caputo, se espera que fomente la contratación y mejore la competitividad, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. Para la región de Rosario y Santa Fe, donde el sector industrial y de servicios es fuerte, este régimen podría ser un motor importante para la generación de empleo formal.
Sin embargo, la adhesión al RIFL exige un estricto cumplimiento de requisitos. Los especialistas advierten sobre el riesgo de penalidades severas en caso de incumplimiento. Para ser considerado empleable bajo el régimen, el trabajador debe cumplir al menos una condición: no registrar relaciones laborales al 10 de diciembre de 2025, acreditar desempleo total en los seis meses previos, provenir del sector público, o estar inscripto en Monotributo bajo parámetros específicos. La verificación de estos requisitos es crucial, recomendándose la consulta del CUIL y la solicitud de Declaraciones Juradas para evitar la pérdida del beneficio y el pago de contribuciones adeudadas con intereses y multas.
Existen también restricciones importantes, como la prohibición de sustituir personal activo por beneficiarios del régimen o la reincorporación de personal despedido en los doce meses previos. La planificación de las contrataciones debe considerar la fecha límite del 30 de abril de 2027. El éxito de esta medida dependerá de la correcta implementación y fiscalización por parte de las autoridades, así como de la diligencia de los empleadores para asegurar el cumplimiento normativo.
Este régimen representa un incentivo fiscal directo para la generación de empleo formal en Argentina, con un impacto potencial significativo en la estructura de costos de las empresas. Los inversores y empresarios deben vigilar la efectividad de su implementación y la claridad en los procedimientos de verificación para maximizar los beneficios y mitigar riesgos. La evolución de la tasa de empleo formal y la competitividad sectorial serán indicadores clave a seguir.
