Productores reclaman información sobre fondos de tasa vial y amenazan con ir a la Justicia

La tensión entre productores agropecuarios y el municipio de San Pedro escala por la falta de transparencia en el manejo de los fondos de la tasa vial. La Sociedad Rural local ha anunciado los primeros pasos para judicializar su reclamo, exigiendo información detallada sobre cuánto dinero se recaudó, cuánto se gastó y en qué conceptos se destinó para el mantenimiento de los caminos rurales durante los años 2025 y 2026. El pedido incluye un desglose exhaustivo de gastos en combustibles, reparaciones, repuestos, maquinaria, personal y proveedores, así como el detalle de los kilómetros efectivamente intervenidos.

Lisandro Gordó, presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, señaló que el municipio no ha proporcionado respuestas claras y que la situación de las máquinas de mantenimiento es crítica, con solo una de seis operativas. Los productores denuncian que los caminos se encuentran en un estado deplorable, lo que afecta directamente la logística y la productividad del sector agropecuario, una actividad fundamental para la economía de la región.

El conflicto pone el foco en la gestión de aproximadamente $1249 millones mensuales que, según información oficial, se destinarían a combustibles, reparaciones y equipamiento. La entidad rural busca conocer la trazabilidad de estos fondos, incluyendo proveedores, montos pagados y la documentación respaldatoria. Además, se solicita un inventario detallado del parque vial municipal y el movimiento de combustible, así como la asignación salarial del personal afectado a estas tareas.

La controversia se extiende a los recursos provenientes de la Descentralización Tributaria Rural que la Provincia transfiere a los municipios. San Pedro, con una red de 1800 kilómetros de caminos rurales (1100 municipales y 700 provinciales), se suma a otros distritos bonaerenses donde los productores sienten que no hay una contraprestación adecuada por el pago de la tasa. La falta de respuestas concretas y las supuestas respuestas evasivas del municipio han llevado a los productores a considerar la vía judicial como única alternativa para obtener la información y asegurar el correcto uso de los fondos destinados a una infraestructura vital.