Ley de semillas: la industria amplió su propuesta para exceptuar del pago por uso propio a más productores
La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) anunció una ampliación en la superficie propuesta para exceptuar del pago por uso propio de semillas, buscando acercar posiciones con las entidades rurales en la discusión legislativa. Aún persisten diferencias sobre quiénes y por cuánto tiempo deberían pagar.

Las claves de la nota
- ASA amplía propuesta de excepción de pago por uso propio de semillas.
- Diferencias persisten en la duración del pago y el porcentaje de productores exceptuados.
- Negociación busca equilibrio entre propiedad intelectual e incentivos productivos.
- Ley busca atraer inversiones y acelerar desarrollo de nuevas variedades.
- Región de Rosario, polo agroindustrial, espera definición clara de la normativa.
La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) ha comunicado una mejora en su propuesta para la ley de semillas, ampliando la superficie que busca exceptuar del pago por uso propio. Este movimiento se presenta como un gesto de flexibilidad para facilitar el consenso con las entidades rurales, aunque los detalles sobre la extensión exacta de esta nueva excepción no fueron precisados. La entidad enfatiza su compromiso con el diálogo y la construcción de acuerdos, reconociendo la necesidad de contemplar las diversas realidades productivas del campo argentino.
La negociación se centra en definir los criterios para exceptuar a ciertos productores del pago por el uso de semillas. Si bien ambas partes coinciden en utilizar los deciles del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) para clasificar a los productores por tamaño, las diferencias radican en el umbral de excepción. Los productores rurales buscaban exceptuar al 70% de los agricultores, mientras que la industria proponía un 40%. Si bien la brecha en cantidad de productores es significativa, la diferencia en superficie trabajada se reduce. En soja, los productores apuntaban a exceptuar 2,5 millones de hectáreas (17% del total), frente a los 665.000 hectáreas (5%) propuestos por ASA. En trigo, las cifras eran de 1,25 millones de hectáreas (21%) contra 376.000 hectáreas (6%).
Más allá de la superficie, otro punto de fricción es la duración del pago por uso propio. Las entidades rurales estarían dispuestas a aceptar un pago por tres años, mientras que los obtentores, especialmente las multinacionales biotecnológicas, defienden un plazo de 20 años, alineado con la protección de patentes. ASA subraya que un marco normativo moderno y previsible es crucial para atraer inversiones en mejoramiento genético, acelerar la llegada de nuevas variedades y fortalecer la competitividad del sector agroindustrial argentino. La entidad busca un sistema equilibrado que reconozca la propiedad intelectual y, a la vez, incentive la innovación y la generación de mayor valor para toda la cadena productiva.
El impacto de esta ley es de suma importancia para la región de Rosario, uno de los polos agroindustriales más relevantes del país. Una legislación clara y equitativa podría fomentar la inversión en investigación y desarrollo de nuevas variedades de semillas adaptadas a las condiciones locales, mejorando rendimientos y la sostenibilidad de los cultivos. Para los productores, la definición de un régimen de excepción justo podría aliviar costos, mientras que para la industria semillera, la protección de la propiedad intelectual es fundamental para seguir innovando y ofreciendo genética de vanguardia.
