La tasa de los pozos: cobrar por caminos rurales que no se pueden transitar
Productores bonaerenses pagan por la conservación de caminos rurales, pero se enfrentan a un deterioro que dificulta la circulación y genera costos adicionales. Un fallo judicial reciente en Colón expuso la falta de prestación efectiva del servicio a pesar del cobro del tributo.
Las claves de la nota
- Productores bonaerenses pagan por caminos rurales deteriorados.
- Fallo judicial ordena reparación de caminos por falta de servicio.
- Tasa vial genera costos adicionales y reduce competitividad agropecuaria.
- La exigencia judicial es por prestación concreta y efectiva del servicio.
La problemática de la tasa por conservación de caminos rurales en la provincia de Buenos Aires se ha vuelto crítica, con productores pagando por un servicio que no se materializa en mejoras tangibles. La situación, donde las boletas llegan con mayor regularidad que las máquinas de mantenimiento, genera un círculo vicioso de costos para el sector agropecuario.
Un caso emblemático en Colón, donde un productor debió recurrir a la justicia tras años de reclamos, puso de manifiesto la contradicción: se cobra por un servicio que no se presta efectivamente. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Pergamino ordenó al municipio reparar y mantener los caminos de acceso a un establecimiento, tras constatar el deterioro, el drenaje insuficiente y las dificultades de circulación, a pesar de que el tributo se abonaba desde 2017.
Esta situación no es aislada, ya que la tasa es común en municipios bonaerenses con actividad agropecuaria como Pergamino, Junín, Tandil, Azul, Balcarce y Rojas, bajo distintas denominaciones. Si bien las modalidades de cálculo y periodicidad de cobro varían, la pregunta fundamental para cada administración es qué servicio concreto recibe el contribuyente. La jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema nacional como de la bonaerense, exige una prestación concreta y efectiva del servicio para justificar el cobro de una tasa, y la administración debe poder acreditar su realización.
El perjuicio económico para los productores es doble: además del pago del tributo, deben afrontar el desgaste de sus vehículos, tiempos improductivos y dificultades para el ingreso de insumos y la salida de la producción. En casos extremos, se ven obligados a aportar recursos propios para recuperar la transitabilidad, financiando así una tarea por la que ya contribuyeron. Esto impacta directamente en la competitividad del sector, ya que los costos evitables del deterioro vial se trasladan a fletes, reducen márgenes o frustran operaciones. La competitividad, en definitiva, también se define en los kilómetros que separan la tranquera del pavimento, un aspecto crucial para la economía de Rosario y su área de influencia agrícola.