La Coparticipación: una deuda impaga desde 1996
A treinta años del mandato constitucional incumplido de sancionar una nueva Ley de Coparticipación, el CeATS presentó el Observatorio de Federalismo Fiscal en una jornada realizada en el Senado de la Nación. La norma vigente es de 1988 y se prorroga automáticamente, generando tensiones fiscales.
Las claves de la nota
- Incumplimiento constitucional de ley de Coparticipación desde 1996.
- Norma vigente de 1988 se prorroga automáticamente.
- Gobierno Central capta 84,4% de ingresos tributarios.
- Piso del 34% de coparticipación a provincias no se cumple.
- CeATS crea Observatorio de Federalismo Fiscal.
La Argentina incumple un mandato constitucional de 1994 que exigía una nueva Ley de Coparticipación Federal antes de 1996. Actualmente, rige una norma de 1988 que se prorroga de forma automática, generando significativas tensiones fiscales en el país. El Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CeATS) organizó una jornada en el Senado de la Nación para debatir esta problemática, presentando el Observatorio de Federalismo Fiscal.
El CeATS, un organismo intergubernamental con 22 años de historia, nuclea a 23 provincias y más de un centenar de municipios, dedicando esfuerzos a la capacitación de agentes tributarios. Sin embargo, la formación no resuelve la cuestión de fondo. El Observatorio busca generar información técnica y objetiva sobre el funcionamiento de la coparticipación, ingresos brutos y tasas municipales.
Datos expuestos en el Senado revelan un "unitarismo fiscal" preocupante: el Gobierno Central capta el 84,4% de los ingresos tributarios, las provincias y CABA el 14,2%, y los municipios apenas el 1,4%. Esto desmiente la idea de que los municipios son los responsables de la presión impositiva. La Ley 23.548 de 1988, que debía ser transitoria hasta 1989, sigue vigente, y el piso del 34% de la recaudación nacional destinado a las provincias no se cumple, rondando el 29,9% entre enero y agosto de 2026.
Provincias como La Rioja (85% de dependencia) y Formosa (74%) evidencian la fragilidad de sus economías ante la coparticipación federal. Cualquier reforma debe considerar estas realidades estructurales para evitar discusiones a ciegas o por presión. La solución pasa por el diálogo interjurisdiccional y la colaboración entre niveles de gobierno, buscando un equilibrio que articule los intereses nacionales y regionales, en lugar de una lógica de "suma cero".