Imagen ilustrativa
Inmobiliarias rurales lamentan el freno de la Ley de Tierras: "Es un crimen" una oportunidad perdida
Inmobiliarias rurales califican de "crimen" la frustración de la Ley de Tierras, argumentando que la norma vigente desalienta inversiones y que el debate se desvió hacia la soberanía nacional, perdiendo la oportunidad de atraer capitales externos.
- Freno a la Ley de Tierras frustra expectativas de inversión rural.
- Inmobiliarias rurales critican debate centrado en "soberanía" y no en potencial productivo.
- Ley vigente desalienta capitales externos en sectores clave.
- Se pierde oportunidad para atraer inversiones en economías regionales.
- Debate legislativo postergado por estrategia parlamentaria.
El sector inmobiliario rural argentino ha expresado su profunda decepción ante el reciente retiro del capítulo sobre la Ley de Tierras del proyecto oficial en el Senado. Operadores del mercado consideran que esta decisión representa "un crimen" y una oportunidad perdida para modernizar una legislación que, según afirman, actualmente desalienta la llegada de inversiones extranjeras. La Ley 26.737, sancionada en 2011, limita la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, y el proyecto buscaba flexibilizar estas restricciones para atraer capitales, especialmente en sectores como el forestal, minero y economías regionales.
Mariano Maurette, de la sección Campos de Álzaga Unzué y Cía., criticó que el debate legislativo se haya centrado en consignas como "no vender el país", en lugar de analizar el impacto concreto de la norma. "Esta ley no significa regalar ni vender el país", afirmó, enfatizando la necesidad de un análisis "serio y responsable, sacando todas las ideologías". Señaló que existe un gran potencial productivo en campos y producciones regionales que requieren inversiones que el capital local no siempre puede afrontar, y que dejar este potencial "vacante" es un desperdicio significativo.
Los operadores del mercado esperaban que una flexibilización de la ley pudiera ampliar el universo de compradores potenciales y mejorar las condiciones para el ingreso de capitales externos. La posibilidad de modificar la ley había generado una expectativa considerable desde mayo, cuando el gobierno de Javier Milei anunció su intención de avanzar sobre la normativa. Si bien el proyecto original proponía eliminar restricciones, durante la negociación parlamentaria se planteó elevar el límite de tierras rurales en manos de capitales extranjeros del 15% al 25%, pero tampoco se obtuvieron los apoyos necesarios.
La decisión de retirar el capítulo se interpretó como una estrategia parlamentaria para asegurar la aprobación del resto del proyecto, aunque esto signifique posponer la discusión sobre la Ley de Tierras. "Si lo sacaron es porque convenía para aprobar el resto. Lamentablemente habrá que volver a esperar", expresó Maurette, reflejando la frustración del sector ante la postergación de una reforma considerada crucial para el desarrollo productivo y la atracción de inversiones en el vasto territorio rural argentino, incluyendo la región de Rosario y Santa Fe, con su fuerte vocación agropecuaria.
La frustración de la Ley de Tierras impacta directamente en la capacidad de atraer inversiones extranjeras al sector agropecuario y de economías regionales. Los inversores y productores deben estar atentos a futuras iniciativas que busquen flexibilizar la normativa, ya que esto podría abrir nuevas oportunidades de negocio y desarrollo en el campo argentino. La discusión sobre la propiedad y el uso de la tierra rural sigue siendo un tema sensible en la agenda económica y política del país.
