Investigación a Mercado Libre en Buenos Aires: multa millonaria y tensiones políticas bajo la lupa

El Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires ha iniciado una investigación formal contra Mercado Libre, imputando a la plataforma de comercio electrónico por la presunta existencia de cláusulas contractuales que vulneran los derechos de los consumidores. Esta acción se enmarca en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y surge a raíz de casi 2.400 denuncias recibidas por el organismo provincial en el primer cuatrimestre del año.

La Dirección de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios ha identificado al menos diez cláusulas objetables. Entre ellas, se cuestiona la facultad de Mercado Libre para modificar unilateralmente los términos y condiciones, la transferencia de responsabilidad al cliente por fallas en la plataforma o por hackeos de cuentas, la aplicación de cargos por "sospechas de incumplimiento" en préstamos, y la imposición de tarifas sin previa información clara sobre monto y motivo. Asimismo, se considera una traba al acceso a la justicia que los litigios deban tramitar exclusivamente en tribunales porteños, y se observa que la empresa se exime de responder por daños sufridos por el usuario.

Mercado Libre ha sido notificada y cuenta con un plazo de cinco días para presentar sus descargos y proponer modificaciones. De no hacerlo, la empresa se expone a una multa de $1.815 millones. La compañía rechazó las acusaciones, argumentando un bajo nivel de reclamos en relación al volumen de operaciones y un diálogo constructivo con los reguladores. El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, desvinculó la investigación de motivaciones políticas, afirmando que se han realizado imputaciones a numerosas empresas de diversos rubros.

El caso adquiere una dimensión política debido a la conocida afinidad de Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre, con el actual gobierno nacional. Sin embargo, ambas partes han buscado minimizar esta arista. La situación pone de manifiesto los desafíos inherentes a la regulación de las grandes plataformas digitales y su interacción con los consumidores en Argentina. Para la región de Rosario y Santa Fe, que cuenta con importantes centros logísticos y un alto volumen de operaciones de comercio electrónico, la resolución de este expediente podría sentar un precedente sobre la protección de los derechos de los usuarios frente a estas plataformas.