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Caputo se compromete con el FMI a posponer reforma laboral para asegurar superávit fiscal
El ministro de Economía, Luis Caputo, acordó con el FMI posponer la reforma laboral y aplicar otras medidas si es necesario para garantizar el superávit fiscal de 2026, que apunta a un 1,5% del PBI.
- Superávit fiscal primario de 1,5% del PBI en 2026
- Demora en la reforma laboral para ahorro fiscal
- Reducción de subsidios energéticos y mejora en transferencias
- Fortalecimiento de impuestos especiales
- Mejora en focalización de subsidios al transporte
El ministro de Economía, Luis Caputo, ha sellado un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluye la potencial postergación de la entrada en vigencia de la reforma laboral como una de las medidas de contingencia para asegurar el cumplimiento de las metas fiscales. Esta decisión surge ante la reconocida dificultad del gobierno para sostener el ajuste del gasto público, haciendo necesaria la implementación de nuevas fuentes de recaudación.
El acuerdo con el FMI, detallado en el staff report, establece que el gobierno argentino deberá mantener una estricta disciplina de gasto y, en caso de ser necesario, adoptar medidas adicionales para alcanzar un superávit primario cercano al 1,5% del PBI en 2026. Los desafíos identificados por el organismo incluyen el impacto de la reducción de impuestos a las exportaciones agrícolas y los efectos de iniciativas de gasto aprobadas por el Congreso a finales de 2025, que representan un 0,35% del PBI, además de nuevas medidas tributarias incluidas en la ley laboral (0,15% del PBI).
Entre las medidas adicionales que el gobierno se comprometió a tomar si los pagos de intereses de la deuda superan lo previsto, se encuentran la demora en la entrada en vigencia de la reforma laboral, lo que permitiría un ahorro fiscal de 0,15% del PBI. Otras opciones incluyen el fortalecimiento de impuestos especiales (0,10% del PBI) y la mejora en la focalización de subsidios al transporte (0,10% del PBI).
La postergación de la reforma laboral, específicamente del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que debía entrar en vigencia el 1° de junio, genera una tensión adicional. Si bien el FAL tiene un costo fiscal para el Estado, su objetivo es el desarrollo del mercado de capitales. La necesidad de mejorar la focalización de subsidios al transporte también podría generar presiones inflacionarias y conflictos con las empresas de colectivos, como se ha evidenciado recientemente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Este acuerdo con el FMI es crucial para la estabilidad macroeconómica argentina, impactando directamente en la previsibilidad fiscal. Los inversores y empresarios deberán seguir de cerca la implementación de estas medidas, especialmente la reforma laboral y los subsidios al transporte, ya que podrían afectar los costos empresariales y la inflación. La capacidad del gobierno para cumplir estas metas determinará la confianza en el programa económico y su impacto en las variables financieras y productivas del país.

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