7 de cada 10 argentinos restringieron consumos y el 59% admitió problemas para afrontar pagos, según informe

La crisis económica en Argentina se manifiesta con fuerza en la vida cotidiana de los ciudadanos, según un reciente informe de la Fundación Pensar y Casa Tres. El estudio revela que un alarmante 68% de los argentinos ha restringido algún servicio o actividad que realizaba habitualmente, siendo el ocio (65%), el consumo de primeras marcas (56%), la indumentaria (53%) y las vacaciones (42%) los rubros más afectados por los recortes.

La dificultad para afrontar los gastos se extiende a las obligaciones financieras, con un 59% de los consultados que admitió haberse atrasado o dejado de pagar alguna cuenta en los últimos meses. Las tarjetas de crédito (42%), los servicios (39%), los préstamos (38%) y los impuestos (26%) encabezan la lista de deudas impagas o demoradas. En este contexto, el 56% de los encuestados afirma que el ingreso familiar actual no le alcanza, alcanzando un pico histórico.

Las expectativas sobre el futuro económico son sombrías, ya que el 44% de los encuestados cree que la situación del país empeorará, frente a un 28% que prevé una mejora. Los problemas macroeconómicos (31%) y el costo de vida (27%) son las principales preocupaciones. Los datos concretos que sustentan esta realidad incluyen una caída del salario real del 8,9% para el sector registrado entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, con un impacto aún mayor en el sector público (18,3%). El salario mínimo, en particular, sufrió una merma real del 39%, situándose en su nivel más bajo de los últimos 20 años.

La situación laboral también presenta un panorama preocupante, con una pérdida de 266.000 puestos de trabajo registrados y un crecimiento de 379.000 empleos no asalariados y no registrados, lo que evidencia una marcada precarización. Sectores como la industria, el comercio y la construcción han sufrido caídas en la generación de empleo. Para Rosario y la región, estos datos implican una presión adicional sobre el consumo y la capacidad de inversión de empresas y particulares, con un impacto directo en el tejido productivo local. La persistencia de estas tendencias podría derivar en una mayor contracción de la demanda interna y un freno en la actividad económica regional.