Industriales denuncian "aduana interior" en Ramallo por nuevo registro y peaje que pone en riesgo a las fábricas
Empresarios bonaerenses rechazan la creación de un registro obligatorio para transporte de cargas en Ramallo, sumado a un polémico peaje de hasta $62.000, advirtiendo sobre el riesgo de clausura de fábricas y la creación de una "aduana interior".
Las claves de la nota
- Peaje de hasta $62.000 por 5 km.
- Nuevo registro obligatorio para transportistas.
- Riesgo de clausura de fábricas.
- Responsabilidad solidaria de empresas dadoras de carga.
- Costo anual estimado de $500 millones por empresa.
La tensión entre el sector industrial y el municipio de Ramallo, provincia de Buenos Aires, se intensifica con la implementación de un nuevo registro obligatorio para transportistas de carga, que se suma a un polémico peaje. Las entidades empresarias, como la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), han expresado su fuerte rechazo, advirtiendo sobre el riesgo de clausura de fábricas y denunciando la creación de una "aduana interior" que encarece los costos de producción.
La medida más reciente, aprobada el 19 de octubre, crea el Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado (SIGTP), que exige a los transportistas registrarse y obtener permisos, con un régimen de sanciones que podría incluir multas, restricciones a la circulación y retención de vehículos. Lo más preocupante para los industriales es la responsabilidad solidaria de las empresas dadoras de carga, quienes podrían afrontar consecuencias por incumplimientos de los transportistas, generando incertidumbre y una nueva carga administrativa.
Este nuevo sistema se suma a un peaje implementado en septiembre, que oscila entre $25.000 y $62.000 por viaje para un recorrido de apenas cinco kilómetros del ex Camino Provincial 87. Las entidades estiman que esta medida afecta a más de 100 empresas argentinas y podría representar un costo anual de hasta $500 millones por compañía. La falta de caminos alternativos y el hecho de que el cobro del peaje haya sido concesionado a una empresa privada que recibiría el 50% de la recaudación, agrava la situación.
Estas disposiciones municipales, que reinstalan exigencias burocráticas similares a las del eliminado Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), van en contra de las políticas de desregulación del transporte de cargas impulsadas por el Gobierno nacional. El impacto en la zona, un corredor estratégico hacia el puerto de San Nicolás, es significativo, afectando el abastecimiento de materias primas y el despacho de mercadería, pilares de la actividad industrial regional.