Gobierno suspende embargos de ARCA hasta mayo de 2027 y extiende plan de pago de deudas para pymes

El Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un importante paquete de medidas destinadas a aliviar la presión financiera sobre las pymes argentinas. Una de las disposiciones clave es la suspensión de embargos por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo de 2027, brindando un respiro significativo a las empresas para regularizar sus obligaciones fiscales sin comprometer su operatividad. Esta medida se complementa con la extensión del plan de facilidades de pago, que ahora abarcará deudas vencidas hasta el 31 de octubre de 2026, ampliando el universo de beneficiarios respecto al límite anterior del 30 de junio.

Caputo reconoció explícitamente los problemas de financiamiento y el alto costo financiero que enfrentan las pymes, asegurando que el gobierno busca ofrecer herramientas concretas para mejorar su situación. "Entendemos que el costo financiero para las pymes es un problemón y no necesariamente algo que se vaya a solucionar en un mes o dos", afirmó el ministro, subrayando la importancia de estas medidas en el contexto actual. La posibilidad de implementar estas acciones se vincula directamente con el ordenamiento de las cuentas públicas y la consolidación fiscal que el gobierno busca mantener.

Otra medida de gran relevancia anunciada es la facilitación del uso de saldos a favor por exportaciones y de IVA exportación para cancelar deudas aduaneras. Esta disposición busca agilizar la liquidez de las empresas, especialmente aquellas con un fuerte perfil exportador, que a menudo enfrentan demoras en la devolución de reintegros por parte del Estado, un proceso que puede extenderse entre seis y nueve meses. Si bien inicialmente se aplicará en su totalidad a las pymes, se prevé una implementación gradual para las grandes empresas.

Adicionalmente, el Ministro de Economía adelantó la intención del gobierno de proponer a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la eliminación del impuesto a los sellos. Se plantea un esquema de compensación para las jurisdicciones adheridas, donde el Estado nacional asumiría la mitad del costo a cambio de la eliminación del tributo para las empresas, especialmente aquellas comprendidas en regímenes de incentivo a las inversiones como el RIGI y RIMI. Estos anuncios se dan en un contexto de recuperación industrial que, según estimaciones preliminares de la UIA, aún muestra contracciones interanuales.