Gobierno simplifica apertura de empresas: menos requisitos y costos con nueva normativa de la IGJ

La Inspección General de Justicia (IGJ) ha lanzado una importante reforma destinada a simplificar la creación de empresas en Argentina, mediante la Resolución General 11/2026. Esta nueva normativa deroga 33 artículos reglamentarios y dos resoluciones generales previas, eliminando requisitos considerados burocráticos y costosos que no estaban contemplados en la ley de fondo. El objetivo principal, según el Ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, es reducir la burocracia, bajar costos y acelerar los tiempos para formalizar una actividad económica.

Entre los cambios más significativos se encuentra la eliminación del dictamen de precalificación profesional como requisito obligatorio, permitiendo su presentación voluntaria o solo en casos específicos. Además, se flexibiliza considerablemente el objeto social de las empresas, permitiendo la inclusión de múltiples categorías de actividades sin necesidad de demostrar conexidad entre ellas. Para las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), se habilita la posibilidad de establecer como objeto "la realización de cualquier actividad lícita", lo que representa una apertura significativa para el emprendimiento.

La IGJ también introduce la figura de la sede electrónica como complemento a la sede física, permitiendo declarar un correo electrónico con efectos legales. Se amplían los mecanismos para acreditar aportes dinerarios en efectivo y se autoriza expresamente la incorporación de cláusulas arbitrales en los estatutos. En cuanto a la documentación, se unifican y simplifican los requisitos, permitiendo el uso de escrituras públicas, instrumentos privados con firma certificada o digital, y documentos electrónicos con firma digital.

Un aspecto innovador es la regulación de aportes de capital mediante activos virtuales, como las criptomonedas. La normativa exige detallar el tipo, cantidad y valor de los activos, la identificación del socio aportante, y la demostración de titularidad previa y depósito en plataformas de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrados ante la CNV. Los activos deberán quedar a nombre de los administradores designados hasta la obtención del CUIT de la sociedad.

Esta medida se enmarca en un esfuerzo continuo de la IGJ por modernizar y agilizar sus procesos, sumándose a iniciativas previas de digitalización y simplificación. Busca contrarrestar el elevado tiempo que actualmente demandan los trámites para iniciar una actividad económica en Argentina, que según el Índice de Burocracia del Adam Smith Center 2025 asciende a 4.496 horas, más del doble del promedio latinoamericano. La simplificación de estos procesos es crucial para fomentar la formalización, reducir la informalidad y atraer inversiones, lo cual podría tener un impacto positivo en la economía de Rosario y la región, facilitando la creación de nuevas empresas y la expansión de las existentes.