Dólares del colchón: la UIF definió cómo analizará los casos de Inocencia Fiscal II y el antecedente favorable de Ganancias Simplificadas
La UIF publicó la resolución 144, creando un régimen de Debida Diligencia Simplificada Especial (DDSE) para quienes operan por debajo de los $100 millones anuales, considerando la adhesión a Ganancias Simplificadas como un factor favorable.
Las claves de la nota
- UIF define DDSE para Ganancias Simplificadas.
- Umbral de $100 millones anuales para DDSE.
- Adhesión a Ganancias Simplificadas es factor favorable.
- Sujetos obligados tienen 60 días para adecuarse.
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha emitido la resolución 144, cumpliendo con la Ley de Inocencia Fiscal II al establecer directrices claras sobre cómo se aplicarán las normativas antilavado a quienes adhirieron al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.
Se crea un régimen de Debida Diligencia Simplificada Especial (DDSE) para aquellos contribuyentes cuyos movimientos anuales no superan los $100 millones. Esta cifra representa el umbral de punibilidad para la evasión simple modificado por la Ley de Inocencia Fiscal. La adhesión a este régimen simplificado será considerada un factor favorable obligatorio por los evaluadores, actuando como un mitigante de riesgo en los análisis antilavado.
Los sujetos obligados deberán verificar la adhesión al régimen simplificado, el tipo y número de documento, la ausencia en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), y el cumplimiento de las disposiciones para Personas Expuestas Políticamente (PEP). El DDSE dejará de aplicarse en casos de exclusión del régimen simplificado, si el contribuyente es una Persona Expuesta Políticamente, o si opera con jurisdicciones de alto riesgo o no cooperantes según el GAFI. Los sujetos obligados conservan la facultad de determinar un riesgo incompatible con el DDSE o de dejar de utilizarlo ante sospechas de lavado, independientemente del monto de la operación.
La resolución, que entra en vigencia este miércoles, otorga 60 días corridos para la adecuación de procedimientos internos de los sujetos obligados. La medida busca incentivar la formalización de activos fuera del sistema financiero, un objetivo clave en el contexto económico argentino, especialmente relevante para pequeños y medianos contribuyentes y para la dinamización de la economía regional.