Desalojo "exprés": qué cambiará para inquilinos y dueños con el proyecto que tuvo media sanción en Diputados

La Cámara de Diputados ha otorgado media sanción a un proyecto de ley que introduce modificaciones significativas en los procedimientos de desalojo de inmuebles urbanos y rurales, buscando agilizar los procesos y clarificar las responsabilidades de las partes involucradas. La iniciativa, que ahora deberá regresar al Senado para su aprobación definitiva, propone la implementación de un "juicio sumarísimo" para las acciones de desalojo, lo que implica un trámite considerablemente más rápido que el procedimiento ordinario. Además, se amplía la legitimación activa para iniciar estos reclamos, permitiendo que cualquier persona con un derecho o interés legítimo afectado pueda hacerlo, no solo los propietarios.

Un punto clave para los inquilinos en contratos habitacionales es la exigencia de una intimación fehaciente por parte del locador al momento de la falta de pago, otorgando un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la situación antes de iniciar la demanda de desalojo. La notificación se considerará válida incluso si el inquilino se niega a recibirla. En caso de incumplimiento o extinción del contrato, el inquilino deberá restituir el inmueble; de lo contrario, se iniciará la acción de desalojo por la vía más breve. El proyecto también establece que los propietarios no podrán negarse a recibir las llaves, y si lo hicieran, el inquilino podrá consignarlas judicialmente, liberándose de alquileres y obligaciones accesorias desde la notificación fehaciente.

Para situaciones de ocupación ilegítima o precariedad, el proyecto habilita al juez a ordenar la entrega inmediata del inmueble en cualquier etapa del juicio posterior a la contestación de la demanda, siempre que el derecho invocado sea verosímil y se presente una caución juratoria. En casos de desalojo por cambio de destino, deterioro o uso abusivo del inmueble, se prevé un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas para identificar a los ocupantes. La media sanción en Diputados genera expectativas en el mercado inmobiliario, donde se espera una mayor celeridad en la resolución de conflictos de tenencia, lo que podría impactar en la dinámica de alquileres y la seguridad jurídica para los propietarios. Sin embargo, la protección de personas vulnerables y la correcta aplicación de los nuevos procedimientos serán aspectos a vigilar de cerca tras su eventual aprobación.