La "frazada corta" de los caminos rurales: cómo recuperar fondos para infraestructura en Buenos Aires
La provincia de Buenos Aires debate cómo financiar obras hidráulicas sin desfinanciar los caminos rurales. La discusión pone en foco la Ley 13.010 y su modificación en 2005, que redujo drásticamente la participación de los caminos rurales en la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural.

Las claves de la nota
- Reducción del 52% en fondos para caminos rurales desde 2005.
- Propuesta de restablecer el 25% del Impuesto Inmobiliario Rural para caminos.
- Necesidad de obras hidráulicas y mantenimiento vial interconectados.
- Mejorar gestión y transparencia en uso de fondos de infraestructura.
La provincia de Buenos Aires se encuentra ante un dilema de financiamiento de infraestructura, conocido como la "frazada corta", al debatir la asignación de recursos para obras hidráulicas. La propuesta de utilizar temporalmente fondos destinados a caminos rurales para atender esta necesidad pone de relieve un problema de larga data originado en las modificaciones a la Ley 13.010 sancionada en 2002.
Originalmente, la Ley 13.010 establecía una distribución equitativa del Impuesto Inmobiliario Rural, destinando el 25% a un Fondo Compensador para el mantenimiento y obras viales de caminos rurales. Sin embargo, en 2005, la Ley 13.403 redujo drásticamente esta participación al 12%, una disminución del 52% de su valor original. Paralelamente, se incrementó la participación provincial y se destinaron fondos a programas sociales y saneamiento, mientras que la porción municipal se redujo.
Esta situación actual genera un conflicto: la necesidad de obras hidráulicas, cruciales para la producción y el desarrollo, choca con la urgencia de mantener transitables los caminos rurales, ambos elementos interconectados en la infraestructura productiva. La propuesta legislativa de flexibilizar el uso de los fondos viales, si bien responde a una necesidad apremiante, agrava la precariedad de un sector ya desfinanciado.
Para Rosario y su región, la transitabilidad de los caminos rurales es fundamental para la salida de la producción agropecuaria, principal motor económico. La falta de inversión en esta infraestructura se traduce en mayores costos logísticos, demoras y dificultades para el acceso a las zonas productivas, impactando directamente en la competitividad de los productores locales. La gestión ineficiente y la falta de transparencia en la aplicación de los fondos agravan el problema.
El autor propone una solución integral: restablecer la participación del Fondo Compensador Vial al 25% de la recaudación original, asignar el 52% a la provincia, mantener el 3% para programas sociales y saneamiento y el 20% para los municipios. Además, se sugiere recuperar la asignación expresa para obras viales e hidráulicas dentro de los recursos provinciales y atender las necesidades hidráulicas adicionales con fondos de libre disponibilidad. La implementación de planes directores viales, planificación hidráulica y una gestión transparente son claves para garantizar que cada peso invertido se traduzca en obras efectivas.
