Corte Suprema: Se levantan los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tomado una decisión trascendental al revocar el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Este artículo, en su momento, había derogado la Ley de Tierras Rurales (26.737), la cual imponía límites a la adquisición de propiedades rurales por parte de personas o entidades extranjeras.

El máximo tribunal basó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la ausencia de un "caso o controversia" concreto. Si bien la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación en sí misma, el efecto práctico es que la Ley de Tierras Rurales queda sin vigencia. Esto significa que las restricciones preexistentes, como el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal, y las limitaciones en la cantidad de hectáreas y zonas de seguridad, ya no aplican.

La Ley 26.737, sancionada durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, buscaba proteger el dominio nacional sobre las tierras rurales. Establecía, entre otras cosas, que ninguna nacionalidad podía superar el 30% del cupo extranjero permitido, y que un extranjero no podía poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, ni adquirir tierras en zonas de frontera o con cuerpos de agua importantes. La derogación de esta ley abre la puerta a una mayor inversión extranjera en el sector agropecuario argentino, un tema de gran relevancia para la economía nacional y, en particular, para provincias como Santa Fe, un polo agroindustrial fundamental.

La decisión de la Corte Suprema también envía un claro mensaje a la justicia federal, advirtiendo sobre la concesión de legitimaciones y la tramitación de causas que no se ajustan a la existencia de un "caso" real, lo que considera una transgresión al principio de separación de poderes. Este fallo marca un punto de inflexión en la política de tierras rurales argentina, y será crucial observar cómo impacta en las inversiones futuras y en la regulación del sector.