Córdoba: Clausuran maquinaria en infracción y otorga $47 millones en aportes por buenas prácticas agrícolas

El Gobierno de Córdoba ha implementado una política agropecuaria de doble estándar, sancionando la infracción y premiando las buenas prácticas. Por un lado, se clausuraron cuatro equipos de aplicación de fitosanitarios (tres autopropulsados y un aéreo) en establecimientos de Ballesteros, Oncativo y Villa María por no cumplir con las condiciones de habilitación exigidas por la Ley Provincial 9164 y su Decreto Reglamentario 132/05. Los responsables fueron intimados a presentar las Recetas Fitosanitarias Digitales correspondientes, recordando la obligatoriedad de contar con equipos y operarios habilitados y la prescripción de un asesor fitosanitario.

En contraposición a las sanciones, el gobernador Martín Llaryora encabezó en Río Tercero la entrega de aportes por un total de $47.016.750 a 100 productores del departamento Tercero Arriba. Estos fondos corresponden al Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs) y buscan incentivar la incorporación de prácticas vinculadas al cuidado de los recursos naturales, el desarrollo sostenible, la capacitación, la innovación tecnológica y el asociativismo. Esta iniciativa, que cumple una década, tiene como objetivo acompañar a los productores que adoptan herramientas para mejorar su producción y preservar los recursos.

Adicionalmente, la provincia comunicó la entrega de los primeros kits de suelos a escuelas agrotécnicas de diversas localidades, como parte de una iniciativa conjunta para formar a docentes y estudiantes en el cuidado de los recursos naturales. Estos kits permitirán a los alumnos realizar análisis y trabajos prácticos para comprender la importancia de la conservación de los suelos. La medida se enmarca en la "Escuela del Suelo" y se extenderá a otras instituciones educativas de la provincia.

Estas acciones reflejan una estrategia gubernamental que busca tanto la regulación y el cumplimiento de normativas como el fomento de la sostenibilidad y la modernización del sector agropecuario. Para Rosario y la región, la aplicación rigurosa de estas normativas podría significar una mayor profesionalización de las labores agrícolas y una reducción de impactos ambientales, mientras que los aportes a buenas prácticas podrían impulsar la adopción de tecnologías más eficientes y sostenibles, beneficiando indirectamente a la cadena de valor agroindustrial local.