
Imagen ilustrativa
Gobierno recorta $78.000 millones a Educación y $5.300 millones a universidades
El Gobierno oficializó un ajuste de $78.000 millones en Educación y $5.300 millones a infraestructura universitaria, modificando el Presupuesto 2026. Los recortes buscan cumplir metas fiscales y afectan diversas áreas, incluyendo la salud y asistencia a provincias.
- Recorte de $78.000 millones en Educación
- $5.300 millones menos para infraestructura universitaria
- Ajuste fiscal para cumplir metas del FMI
- Impacto en programas educativos y obras
- Reducción de fondos para salud y servicios sociales
A pocas horas de la marcha universitaria, el Gobierno oficializó un significativo ajuste en el presupuesto educativo, recortando $78.000 millones a la Secretaría de Educación y $5.300 millones en gasto de infraestructura para las universidades. Esta medida forma parte de una modificación del Presupuesto 2026 y responde a la solicitud del ministro de Economía, Luis Caputo, de implementar recortes para alcanzar la meta de superávit primario del 1,4% del PBI.
Los recortes se enmarcan en una decisión administrativa que busca reducir el gasto corriente en un 2% y el gasto de capital en un 20%. Si bien el Ejecutivo aumentó recursos por $564.917 millones, la reducción de gastos totalizó $2.439.416 millones, mejorando el superávit financiero en $3 billones. Las áreas más afectadas por las poda de fondos incluyen las obligaciones a cargo del Tesoro, el Ministerio de Economía y Salud, mientras que el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia recibieron aumentos.
En detalle, la educación se ve impactada por reducciones en el Plan Nacional de Alfabetización, infraestructura y equipamiento, y el Fondo de Compensación Salarial Docente. El recorte en infraestructura universitaria, específicamente en obras vinculadas a préstamos de la CAF, afectará a al menos 13 universidades, aunque la UBA quedó indemne al no tener obras asociadas a dichos préstamos. Estos recortes se suman a una tendencia de ajuste fiscal que genera preocupación en el sector educativo y en otras áreas sensibles del gasto público.
La reducción en el acceso a medicamentos y otros servicios sociales también es un punto clave de esta modificación presupuestaria. La medida, publicada en el Boletín Oficial, subraya la prioridad del gobierno en el equilibrio fiscal, incluso a costa de importantes recortes en áreas sociales y educativas. La situación genera incertidumbre sobre el futuro de programas y obras en curso, y podría intensificar el malestar social y las protestas en los próximos días.
Esta noticia es crucial para inversores y empresarios, ya que refleja la política fiscal del gobierno y su impacto directo en el gasto público y la inversión. Los recortes en educación e infraestructura pueden afectar el desarrollo a largo plazo y la demanda interna. Se debe vigilar la reacción del sector educativo y social, así como la capacidad del gobierno para mantener el equilibrio fiscal sin desincentivar la actividad económica.

.gif)
