Campo cordobés reclama ley provincial para prohibir tasas municipales sobre guías de hacienda
Productores ganaderos de Córdoba exigen una ley provincial que prohíba a municipios y comunas el cobro de tasas por el visado de guías de hacienda, argumentando que el servicio ya no se presta y la gestión está centralizada en SENASA.
Las claves de la nota
- Prohibición de tasas municipales sobre guías de hacienda
- Gestión de guías centralizada en SENASA
- Reclamo por cobro sin prestación de servicio
- Búsqueda de ley provincial unificada
La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) ha renovado su reclamo ante la Legislatura provincial de Córdoba para la aprobación de proyectos de ley que prohíban el cobro de tasas municipales y comunales por el visado de guías de hacienda. La entidad argumenta que estos cobros son injustos para los productores ganaderos, ya que los municipios y comunas ya no prestan el servicio que originaba dicha tasa, dado que la gestión de las guías se encuentra actualmente centralizada en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
CARTEZ señala que un reducido grupo de productores debe pagar por una prestación que, en la práctica, no recibe. La organización cuestiona que numerosos gobiernos locales continúen cobrando por la intervención en documentos electrónicos necesarios para el traslado de animales, a pesar de que la gestión completa recae en SENASA. Esta situación genera inequidad, ya que el cobro recae particularmente sobre quienes desarrollan actividades de cría o engorde, sin que esto beneficie directamente al conjunto de la comunidad.
La entidad rural también rechazó los argumentos de algunos intendentes y jefes comunales que justifican estos cobros para financiar gastos como la renovación de parques automotores o compensar caídas de coparticipación, enfatizando que no se puede trasladar el costo a un sector específico sin una contraprestación efectiva. CARTEZ destacó que, si bien algunos municipios ya han eliminado estas tasas, la falta de un criterio general provincial genera diferencias entre productores. Por ello, instan a la Legislatura a establecer una norma unificada para todo el territorio cordobés.
Este conflicto pone de manifiesto la tensión entre las administraciones locales y el sector productivo, que busca optimizar costos y eliminar cargas administrativas innecesarias. La resolución de esta problemática en Córdoba podría sentar un precedente para otras provincias argentinas que enfrentan situaciones similares, impactando directamente en la rentabilidad de las explotaciones ganaderas y en la agilidad de los movimientos de hacienda.