Argentina pierde debate por Ley de Tierras: Corte Suprema habilita compra sin límites a extranjeros
La Corte Suprema de Justicia eliminó los límites a la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros, tras fracasar el debate para actualizar la Ley de Tierras en Argentina. Se propone un modelo similar al australiano con ciertas restricciones.
Las claves de la nota
- Corte Suprema elimina límites a compra de tierras rurales por extranjeros.
- Se inspira en modelo australiano con tope de USD 10,5 millones.
- Inversores de países con TLC con Australia tienen límites mayores.
- Toda transacción debe inscribirse en registro público.
- Debate legislativo sobre Ley de Tierras no prosperó.
Argentina ha desaprovechado una oportunidad crucial para debatir y actualizar su Ley de Tierras, lo que ha derivado en una decisión de la Corte Suprema de Justicia que elimina las restricciones previas para la compra de inmuebles rurales por parte de inversores extranjeros. Esta medida, impulsada por un Decreto de Necesidad y Urgencia del gobierno de Javier Milei, restituye un artículo que deroga la ley anterior, abriendo la puerta a operaciones sin tope cuantitativo.
El debate legislativo sobre la materia no prosperó, en parte, por un contexto político polarizado y acusaciones de conflictos de interés entre legisladores. La propuesta fallida se inspiraba en el modelo australiano, que permite a inversores extranjeros adquirir tierras sin límites hasta un monto de 15 millones de dólares australianos (aproximadamente 10,5 millones de dólares estadounidenses). Para inversores de países con Tratados de Libre Comercio con Australia, como Chile, Estados Unidos o Nueva Zelanda, el límite se eleva considerablemente hasta 1.498 millones de dólares australianos.
A pesar de la eliminación de límites generales, la normativa vigente exige que las operaciones de compra de tierras rurales y derechos de agua asociados, sin importar su monto, deban inscribirse en un registro público. Esto permitiría un seguimiento catastral del mapa productivo nacional. Sin embargo, se mantiene la exigencia de permiso al Fondo de Inversión de la República de Bolivia (FIRB) para entidades o empresas asociadas a Estados extranjeros, independientemente del tamaño de la transacción.
La situación plantea interrogantes sobre el futuro del acceso a la tierra en Argentina, especialmente en regiones productivas clave como la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, donde la concentración de la propiedad podría verse afectada. Si bien la apertura a inversiones productivas es necesaria para el desarrollo económico, la falta de un debate legislativo profundo y la ausencia de salvaguardas específicas para evitar la desvinculación de tierras de la producción activa generan preocupación entre los actores del sector agropecuario y los analistas financieros. La clave estará en la implementación y fiscalización de los registros y en la posible reintroducción de debates sobre la materia en el futuro.