Superjueves: Pobreza y actividad económica en foco, mientras el Senado define reformas del BCRA y Zonas Frías

Argentina se prepara para un "superjueves" de alto impacto económico y político, con la difusión de datos cruciales sobre la actividad económica y la pobreza, mientras el Senado aborda proyectos de ley clave. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) presentará a las 16 el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio, junto con el informe de pobreza e indigencia del primer semestre de 2026. Las expectativas del sector privado anticipan resultados desfavorables, con proyecciones de una nueva caída en el EMAE, a pesar de las afirmaciones del ministro de Economía, Luis Caputo. Los últimos indicadores de industria y construcción, que mostraron descensos en julio, respaldan estas previsiones. La industria retrocedió un 5% mensual y un 4,9% interanual, acumulando una caída del 2,6% en los primeros siete meses del año. La construcción, si bien con una mejora interanual del 1,7% en el acumulado, registró una baja del 4,6% desestacionalizada y del 4,5% interanual en julio.

En paralelo, el informe de pobreza e indigencia será un termómetro social fundamental. El último dato oficial, de la segunda mitad de 2025, ubicó la pobreza en 28,2% y la indigencia en 6,3%. Las estimaciones de consultoras como el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA proyectan un deterioro, situando la pobreza del primer semestre entre 31% y 32%, lo que implicaría entre 1,5 y 2 millones de nuevos pobres. Estos datos reflejan la persistente fragilidad del poder adquisitivo de los hogares argentinos.

En el frente legislativo, el Senado tratará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y los cambios en el régimen de Zonas Frías. Si bien se espera la aprobación de Zonas Frías, la reforma del BCRA podría requerir más negociaciones, especialmente en lo referente a la remoción de su directorio. La reforma de la Carta Orgánica, de aprobarse, reinstalaría la preservación del valor de la moneda como misión principal, prohibiría el financiamiento del Estado por parte del BCRA (incluyendo provincias y municipios) y limitaría la compra de títulos públicos. Estos cambios buscan dotar de mayor independencia y previsibilidad a la política monetaria, un aspecto crucial para la estabilidad económica de Rosario y la región, que históricamente se ha visto afectada por la volatilidad financiera y la inflación.