Rurales rechazan el sistema de certificación de la UE contra la deforestación y alertan sobre el Visec
Más de 40 productores y asociaciones rurales argentinas convocaron a no adherir al Reglamento Antideforestación de la Unión Europea (EUDR 1115/23), que entra en vigencia el 30 de diciembre. Critican al Visec, una asociación privada que consideran que intenta reemplazar al Estado y exige datos protegidos.
Las claves de la nota
- EUDR 1115/23 entra en vigencia el 30 de diciembre.
- Productores rechazan sistema de certificación de la UE.
- Cuestionan al Visec por ser asociación privada y exigir datos.
- Temen un "cepo al futuro productivo argentino".
Un grupo de 47 productores rurales, asociaciones y entidades del sector agropecuario argentino han manifestado su rotundo rechazo al Reglamento Antideforestación de la Unión Europea (EUDR 1115/23), que comenzará a regir plenamente el próximo 30 de diciembre. La normativa europea exige que productos como la carne bovina, soja, madera, caucho, cacao, café y palma aceitera importados no provengan de superficies deforestadas. Los díscolos del sector argumentan que la única ley válida en Argentina es la Ley de Bosques (26.331) y convocan a "no adherir" al sistema europeo, que consideran carente de sustento legal.
Las críticas se centran especialmente en la figura del Visec (Sistema de Verificación de la Trazabilidad de Productos Agropecuarios), al que definen como una "asociación privada que busca reemplazar al Estado" y cuestionan su financiamiento por parte de organismos europeos y fundaciones internacionales. Señalan que el Visec utiliza datos oficiales, certifica y condiciona a los productores como si fuera un organismo público argentino, exigiendo acceso a información productiva protegida por secreto fiscal y datos adicionales que ni siquiera la resolución europea requiere. La Unión Europea, según los productores, solo solicitó geolocalización.
Los productores exigen respuestas claras de las autoridades argentinas sobre el propósito y la necesidad de adherir a este sistema, calificando las decisiones como un "claro cepo al futuro productivo argentino, en favor de otros intereses". Hacen un llamado a las entidades gremiales para que adopten una postura contundente en oposición a estas intenciones, que consideran contradictorias con las posturas del Presidente de la Nación.
La entrada en vigencia del EUDR 1115/23 representa un desafío significativo para el sector agroexportador argentino. Si bien la UE ha implementado algunas simplificaciones, la falta de adhesión y la crítica a los mecanismos de certificación podrían generar cuellos de botella en las exportaciones de commodities clave para la economía nacional. La región de Rosario, como principal polo agroexportador del país, podría verse directamente afectada si las empresas locales no logran cumplir con los requisitos o si las disputas sobre la legitimidad de los sistemas de certificación persisten.