Recorte presupuestario del 60% en Agricultura y 50% en INTA, según proyecto 2027

El gobierno nacional, en el tramo final de su gestión, ha presentado un proyecto de Presupuesto 2027 que confirma un severo ajuste en el sector agropecuario. Las partidas destinadas a Agricultura, Ganadería y Pesca de la Administración Central sumarían 129.865 millones de pesos, mientras que la función presupuestaria completa, incluyendo organismos descentralizados como Senasa, alcanzaría los 472.394 millones de pesos. Según cálculos del OCEPP, esto representa una caída real del 66,6% en comparación con 2023, aunque muestra una leve recuperación del 5,8% respecto al crédito vigente de 2026.

El Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recibirá 288.666 millones de pesos, con casi la mitad destinada a sus Actividades Centrales. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) también se verá afectado, con un presupuesto de 315.538 millones de pesos para 2027. Esta cifra implica una reducción del 49,8% en términos reales respecto a 2023 y una nueva baja del 17,7% frente a 2026. De este monto, la abrumadora mayoría (274.142 millones de pesos) se destinará a remuneraciones, dejando solo 4.186 millones de pesos para gastos de capital.

Adicionalmente, el proyecto propone derogar una fuente de financiamiento específica para el INTA, vinculada al valor CIF de las importaciones, que regía desde 2002. Este mecanismo reemplazó al aporte original del 1,5% sobre exportaciones agropecuarias establecido en 1956. La drástica reducción presupuestaria y la eliminación de fuentes de financiamiento propias plantean un escenario de gran incertidumbre para la investigación, desarrollo y extensión agropecuaria, pilares fundamentales para la competitividad del sector en Argentina.

Para Rosario y la región, epicentro de la producción agroindustrial argentina, estas medidas tienen implicancias directas. La menor inversión en investigación y desarrollo por parte del INTA podría ralentizar la adopción de nuevas tecnologías y la mejora de prácticas productivas, afectando la eficiencia y la sostenibilidad de los cultivos y la ganadería locales. Antecedentes de recortes presupuestarios en áreas sensibles del Estado han demostrado, en el pasado, un impacto negativo en la capacidad de respuesta del sector ante desafíos climáticos, plagas y la necesidad de innovar para competir en mercados internacionales. Los inversores y productores deberán estar atentos a cómo estas limitaciones impactan en la productividad y la rentabilidad a mediano y largo plazo.