Productores de Saladillo reclaman por tasas sin contraprestación y reciben 15.000 hojas de respuesta

Productores agropecuarios de Saladillo, liderados por Ignacio Bustingorri, presidente de la Sociedad Rural local, han intensificado su reclamo contra el municipio por la falta de contraprestación en diversas tasas cobradas. Tras las inundaciones del año pasado, que evidenciaron el precario estado de los caminos rurales, los productores se movilizaron para exigir transparencia en el destino de los fondos recaudados.

Según Bustingorri, la Red Vial municipal habría recaudado aproximadamente 1.250 millones de pesos en 2025, con la promesa de reinvertir esos fondos en el mantenimiento de caminos. Sin embargo, el foco del reclamo se centra en la tasa de guías, que genera una recaudación similar de unos 1.100 millones de pesos, pero cuyo destino a los caminos es nulo o mínimo. A esto se suma un cobro del 0,5% sobre las ventas de hacienda en remates, sustentado en una ordenanza que remite a un decreto ley provincial de 1970 ya derogado, y un sellado provincial que eleva la carga total sobre las operaciones de hacienda a cerca del 1,5%.

Ante la falta de respuestas claras y un pedido de informes con apenas una docena de preguntas, la entidad rural recibió una respuesta oficial de 15.000 hojas, con la indicación de que las respuestas debían ser buscadas por ellos mismos. Esta situación ha llevado el reclamo al plano judicial, con la presentación de una acción declarativa para que la Justicia determine la legalidad de los tributos cobrados sin contraprestación. La Sociedad Rural busca modificar el esquema tributario hacia adelante, no recuperar fondos ni desfinanciar al municipio, y ha presentado un proyecto de ordenanza para eliminar progresivamente la tasa de guías sin obtener respuesta.

El conflicto pone de manifiesto una problemática recurrente en el ámbito agropecuario argentino, donde la relación entre el sector y los municipios a menudo se ve tensa por la falta de inversión en infraestructura básica y la opacidad en la gestión de recursos. La exigencia de eficiencia en el gasto público y la legalidad en la recaudación, más allá de las diferencias políticas, resuena en un contexto donde la producción agropecuaria es un motor clave de la economía argentina. La falta de soluciones concretas y la respuesta burocrática ante un reclamo legítimo podrían generar un precedente negativo y prolongar la incertidumbre para los productores de la región.