Preocupación en el campo por la falta de ley nacional para regular el mercado de carbono

La Sociedad Rural Argentina (SRA) ha manifestado su creciente preocupación ante la falta de una ley nacional que regule el mercado de carbono en el país. La entidad advierte que esta ausencia de un marco normativo unificado está generando incertidumbre sobre la propiedad de los créditos de carbono, los cuales se originan en establecimientos agropecuarios a través de prácticas de manejo de suelos, bosques y pastizales. Según la SRA, algunas provincias estarían avanzando con proyectos propios y reclamando una porción del valor económico de estos créditos, interpretando que el dominio originario de los recursos naturales, consagrado en el artículo 124 de la Constitución Nacional, les otorga este derecho.

Desde la dirigencia rural, se considera que los créditos de carbono representan un negocio con un potencial de crecimiento significativo y una nueva fuente de ingresos para el sector agropecuario argentino. El presidente de la SRA, Nicolás Pino, expuso esta postura durante la reciente Exposición Rural de Palermo, defendiendo explícitamente la propiedad privada de los servicios ecosistémicos y reclamando que cualquier futura ley de carbono garantice este derecho. La entidad argumenta que, a nivel internacional, los créditos de carbono pertenecen al dueño de la tierra, a menos que exista una regulación específica que establezca lo contrario.

Andrés Costamagna, director de la SRA, detalló que el debate se centra en dos puntos clave: la propiedad del carbono y la necesidad de reglas claras para brindar seguridad jurídica a inversores, compradores y demás actores del sistema. La falta de una legislación nacional ha propiciado interpretaciones diversas sobre la titularidad de estos créditos, lo que requiere ajustes urgentes para evitar conflictos y asegurar el desarrollo ordenado de este mercado emergente. La SRA busca consolidar una interpretación que reconozca a los productores como titulares de los créditos generados en sus tierras, lo cual es fundamental para fomentar la inversión en prácticas sustentables.

La situación actual genera un escenario de potencial litigio y desalienta la inversión en proyectos de captura de carbono, dado que no existe un horizonte claro sobre la rentabilidad y la propiedad de los activos generados. La falta de una ley nacional podría fragmentar el mercado y crear barreras de entrada, afectando la competitividad del agro argentino en un contexto global donde el mercado de carbono cobra cada vez más relevancia. La definición de un marco regulatorio claro y federal es vista como un paso indispensable para aprovechar plenamente el potencial económico y ambiental de los servicios ecosistémicos del país.