Preocupación en el agro por el recorte presupuestario del INTA para 2027 y la eliminación de una tasa
Entidades del sector agropecuario tradicional no mostraron alarma ante la reducción del presupuesto del INTA para 2027, mientras otros actores expresaron profunda preocupación por el impacto en la investigación y desarrollo.
Las claves de la nota
- Recorte del 50% en presupuesto del INTA (2023-2027)
- Pérdida del 40% en poder adquisitivo salarial
- Eliminación de tasa de financiamiento del INTA
- Reducción del 27% en el plantel del INTA
La Cámara de Diputados de Argentina debatió recientemente las implicaciones del recorte presupuestario previsto para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en 2027, incluyendo la eliminación de una tasa fundamental para su financiamiento. Sorprendentemente, las principales entidades del sector agropecuario, que además ocupan puestos directivos en el Consejo Directivo del INTA, brillaron por su ausencia en el debate.
Representantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), CRA, Coninagro, Federación Agraria y grupos CREA, todos con vínculos directos en la conducción del organismo, no participaron en la discusión. En su lugar, voces de la Mesa de Presidentes de los Consejos de Centros Regionales y de Investigación, la agrupación Bases Federadas, ex directivos y gremios como APINTA y ATE, manifestaron una marcada inquietud.
Los expositores alertaron sobre un proceso de desfinanciamiento y vaciamiento estructural del sistema científico argentino, con una reducción del 50% en los recursos destinados al INTA entre 2023 y 2027. Se estima una pérdida del poder adquisitivo de los salarios cercana al 40%, y para 2027 se proyecta una caída del presupuesto del 18% en un solo año. Esta situación ha llevado a una reducción del plantel del 27%, el cierre de 50 agencias de extensión rural y la estación experimental agropecuaria AMBA.
La eliminación de la tasa sobre el comercio exterior, que fondea el funcionamiento del INTA, es un punto crítico. Los representantes presentes argumentaron que defender al INTA es defender un modelo de país, y que la ley de presupuesto no debería modificar la ley orgánica del instituto en lo referente a su financiamiento. El impacto en la investigación y desarrollo agropecuario podría ser devastador, afectando la competitividad del sector y la capacidad del país para enfrentar desafíos económicos, sociales y ambientales.