Opinión: La gestión de caminos rurales bonaerenses, más allá de la recaudación ante El Niño

La provincia de Buenos Aires, con cerca del 20% de la red vial rural nacional, enfrenta un desafío creciente ante la proximidad de un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad. Las recientes lluvias ya han afectado la transitabilidad, dificultando el movimiento de producción e insumos, un problema que se agravará con suelos saturados y obras hidráulicas pendientes.

La discusión sobre el mantenimiento de estos caminos, vitales para la producción agropecuaria, el transporte y la vida en el interior bonaerense, suele centrarse en la disponibilidad de fondos. Sin embargo, el artículo subraya la importancia crítica de la gestión: planificación, controles y transparencia en el uso de los recursos. Actualmente, el financiamiento proviene del Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales (12% del Impuesto Inmobiliario Rural) y tasas viales municipales.

Se recuerda que el Decreto 130/07 ya contempla herramientas como las Comisiones Asesoras Locales para la planificación y el seguimiento de obras, pero su aplicación efectiva es el principal reto. La propuesta central es condicionar la recepción de fondos provinciales al funcionamiento de estas comisiones, la presentación de planes anuales de mantenimiento y mecanismos públicos de seguimiento. Ante incumplimientos, se sugieren consecuencias graduales.

Además, se aboga por la implementación de Planes Directores Viales Locales plurianuales, que incluyan inventarios actualizados de la red, clasificación, estado, tránsito, accesibilidad y programación de inversiones, así como la planificación específica para emergencias climáticas. La tecnología puede ser clave para obtener información georreferenciada en tiempo real sobre el estado de las rutas y facilitar la toma de decisiones.

Se destaca la necesidad de que los usuarios y financiadores de estos caminos, como productores y propietarios rurales, tengan acceso a información clara sobre presupuestos, prioridades, ejecución de obras y costos. La transparencia en la publicación de los fondos recibidos y gastados por cada municipio es fundamental. Si bien el debate sobre aumentar el porcentaje del Impuesto Inmobiliario Rural destinado al fondo es legítimo, se advierte que sin mejoras en la gestión, el aumento de recursos sería una oportunidad perdida. Una política de Estado para los caminos rurales, con planificación, profesionalización y control, es esencial para mitigar las consecuencias de eventos climáticos como El Niño y evitar la improvisación.