¿Manzanas podridas en el INTA? Se va un contador con $110 millones cobrados del Estado y apartan a investigadora de agroquímicos
El INTA atraviesa una crisis de conducción con dos decisiones polémicas: la salida de un contador que cobró una millonaria indemnización estatal y la inminente exoneración de una investigadora de agroquímicos.
Las claves de la nota
- Contador cobró $110 millones del Estado.
- Investigadora de agroquímicos será exonerada.
- Críticas por falta de conducción política en INTA.
- Preocupación por la libertad de investigación científica.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se encuentra en medio de una profunda convulsión institucional, marcada por la salida de figuras clave y decisiones que generan preocupación en diversos sectores. Recientemente, se confirmó la remoción del contador Daniel Alfredo Neira, quien había sido designado como gerente sin contar con antecedentes en el área y tras haber percibido una indemnización de $110 millones del Estado por su anterior cargo en el Enacom. La designación de Neira, realizada al día siguiente de su renuncia y cobro en el Enacom, generó fuertes críticas por parte del gremio APINTA, que solicitó la nulidad del nombramiento. Si bien la conducción del INTA finalmente cedió ante el reclamo, la situación deja al descubierto falencias en la gestión política del organismo.
En contraste con esta resolución, el Consejo Directivo del INTA ha decidido la "exoneración" de la investigadora Virginia Gallardo, especializada en la medición de residuos de agroquímicos. Gallardo, quien participó del Proyecto SPRINT junto a universidades europeas, habría detectado la presencia de diversas sustancias, incluyendo glifosato, atrazina y rastros de clorpirifos (ya prohibido), en sus estudios. Si bien algunos cuestionaron su metodología, la decisión de apartarla y supuestamente "censurar" sus resultados ha generado un fuerte repudio en redes sociales, por parte de organizaciones ambientalistas, gremios estatales y el Instituto de Estudios Sociales Agroalimentarios (IESARA) de la UBA, quienes denuncian una "persecución ideológica" y un atentado contra la libertad de investigación.
La conducción actual del INTA, encabezada por Nicolás Bronzovich, parece estar consolidando una línea de acción que prioriza la remoción de personal en situaciones sensibles, mientras que la gestión de recursos y la transparencia en la difusión de investigaciones científicas quedan en entredicho. La exoneración de Gallardo, que se espera sea oficializada en los próximos días, podría tener un impacto negativo en la investigación agropecuaria argentina y en la confianza pública sobre la independencia científica del organismo. La falta de fundamentos claros en la acusación contra la investigadora agrava la percepción de arbitrariedad en la gestión del INTA.