Jurisdicción 91: El misterioso área sin estructura que manejará $14,8 billones en el Presupuesto 2027
El proyecto de Presupuesto 2027 destina $14,8 billones a la "Jurisdicción 91", Obligaciones a cargo del Tesoro, una partida sin edificio ni personal a cargo, manejada discrecionalmente por la Secretaría de Hacienda, lo que genera preocupación por su opacidad y potencial uso como caja para financiar empresas públicas y gastos urgentes.
Las claves de la nota
- $14,8 billones para la Jurisdicción 91 en 2027
- Partida sin edificio ni empleados a cargo
- Manejo discrecional por Secretaría de Hacienda
- Financiamiento de empresas públicas y gastos urgentes
El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional contempla la asignación de la considerable suma de $14,8 billones a la denominada "Jurisdicción 91", también conocida como Obligaciones a cargo del Tesoro.
Esta partida presupuestaria, que se posiciona como la tercera de mayor volumen tras servicios sociales y deuda pública, genera particular atención dado que carece de estructura física, personal o una autoridad ministerial designada. Su manejo recae directamente en el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, lo que le otorga un control discrecional sobre estos fondos.
Según análisis económicos, el incremento del 163% previsto para esta jurisdicción en 2027, frente a una inflación estimada del 18%, subraya su importancia y el posible uso como herramienta para financiar gastos imprevistos o transferencias a empresas estatales. Aproximadamente la mitad de estos fondos estarían destinados a cubrir déficits de compañías como Ferrocarriles, ENARSA, EducAr y el Correo Argentino, independientemente de su vinculación sectorial.
Este mecanismo, que tiene antecedentes en la década de 1990, busca asegurar que fondos destinados a compromisos específicos, como el PAMI o empresas públicas, no sean reasignados por otros ministerios ante urgencias presupuestarias. Si bien proporciona un grado de control a Hacienda, la falta de transparencia y la concentración de poder en una partida sin estructura formal genera interrogantes sobre su eficiencia y potencial uso político.
Para la región de Rosario y Santa Fe, esta asignación podría implicar indirectamente recursos para empresas públicas con operaciones locales o para programas de infraestructura que dependan de estas transferencias. Es crucial para inversores y empresarios seguir de cerca la ejecución de estos fondos y las decisiones que tome la Secretaría de Hacienda respecto a su asignación, ya que podría impactar la estabilidad fiscal y la previsibilidad económica del país.