Investigadora del INTA en Balcarce enfrenta sumario por medir agroquímicos en proyecto internacional
La ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, investigadora del INTA con más de veinte años de trayectoria, se encuentra bajo un sumario administrativo que podría resultar en su exoneración del organismo. El proceso se vincula a su participación como coordinadora argentina del proyecto SPRINT, una investigación internacional para medir residuos de plaguicidas.
Las claves de la nota
- Investigadora del INTA enfrenta posible exoneración
- Sumario administrativo por proyecto internacional SPRINT
- Medición de agroquímicos en ambiente y alimentos
- Libertad científica y persecución en organismos estatales
La Dra. Virginia Aparicio, reconocida investigadora del INTA en la Estación Experimental Balcarce y del Conicet, enfrenta un grave sumario administrativo que podría llevar a su exoneración, la sanción más severa en la administración pública nacional. Su labor, centrada en la medición de agroquímicos en el ambiente, alimentos y personas, la llevó a coordinar la participación argentina en el Proyecto SPRINT, una iniciativa internacional de la Unión Europea aprobada en 2020 para monitorear residuos de plaguicidas.
A pesar de que el proyecto fue aprobado institucionalmente por el INTA en su momento y contó con difusión, la situación de Aparicio cambió drásticamente. Según su abogado, Mario Bolla, la investigadora ha sido marginada en su lugar de trabajo y sus compañeros evitan el contacto por temor a represalias. El sumario se intensificó tras el cambio de gobierno, con las nuevas autoridades del INTA buscando desvincularse del proyecto, incluso después de que el anterior presidente del organismo intentara darlo de baja.
La propuesta de exoneración, que implicaría la pérdida de su empleo y la inhabilitación para trabajar en el sector público, aún no ha sido notificada formalmente, pero Aparicio y su defensa consideran que la decisión está tomada de antemano. Argumentan una falta de garantías en el proceso de defensa y anuncian que recurrirán a la justicia si la sanción se confirma. La investigación SPRINT, que incluyó a 73 personas en Argentina y buscaba utilizar la información para promover prácticas agrícolas más sostenibles, se vio interrumpida cuando los resultados preliminares comenzaron a estar disponibles en 2023.
Este caso pone de manifiesto las tensiones existentes en torno a la investigación sobre agroquímicos en Argentina, un tema sensible para el sector agropecuario. La posible sanción a una investigadora de larga trayectoria por participar en un proyecto internacional aprobado institucionalmente genera preocupación sobre la libertad científica y la persecución política dentro de organismos de investigación estatales. El desenlace de este sumario será crucial para entender el futuro de investigaciones similares y la autonomía de los científicos en el país.