Dólares del colchón: las 10 claves de la reforma de la ley de Inocencia Fiscal

El Gobierno nacional prepara el envío al Congreso de un nuevo proyecto para modificar la Ley de Inocencia Fiscal, buscando subsanar puntos que generaron resistencia. La iniciativa apunta a facilitar la incorporación de fondos no declarados al circuito formal, estimado por el FMI en unos 170.000 millones de dólares fuera del sistema bancario argentino. Los cambios propuestos eliminan los topes de ingresos y patrimonio para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), permitiendo que cualquier persona humana residente fiscal en Argentina, que tribute Ganancias con rentas de fuente local, pueda optar por este esquema sin importar su nivel de ingresos o patrimonio. Esto representa una oportunidad significativa para blanquear capitales, especialmente relevante para inversores y ahorristas en provincias como Santa Fe, donde el agro y el comercio son pilares económicos y donde la tenencia de moneda extranjera física es una práctica extendida.

Una de las modificaciones más importantes es la nueva definición de "discrepancia significativa" para limitar la acción del fisco. Ahora, solo habrá cuestionamiento si la diferencia entre lo declarado y lo detectado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) supera el 15% del impuesto determinado y, simultáneamente, el 5% del límite de evasión simple (fijado en $100 millones), lo que implica un piso de $5 millones para activar el control. Además, el proyecto establece explícitamente que la carga de la prueba recae sobre ARCA, que deberá demostrar la existencia de una discrepancia relevante con información objetiva, y se le prohíbe usar presunciones de incremento patrimonial o depósitos bancarios en contra del contribuyente. Estos cambios buscan brindar mayor seguridad jurídica, un aspecto crucial para fomentar la inversión y la repatriación de capitales en un contexto económico volátil.

La reforma también contempla que, ante una discrepancia que supere los umbrales, el contribuyente podrá rectificar su declaración, pagar la diferencia o regularizarla mediante un plan de pagos, conservando los beneficios del régimen. Esto elimina el riesgo de perder automáticamente los beneficios por una simple observación del fisco. Finalmente, se establece una ventana con fecha límite hasta el 31 de diciembre de 2027 para que los contribuyentes adheridos al régimen puedan utilizar fondos no declarados, incentivando así la repatriación de activos y su canalización hacia la economía formal. La efectividad de esta reforma dependerá de la claridad en su implementación y de la confianza que genere en los contribuyentes, especialmente en un mercado con una alta dolarización informal.