Granja Tres Arroyos: venció la conciliación obligatoria y se confirmaron 1.250 despidos; Justicia investiga USD 30 millones en bancos
La empresa avícola Granja Tres Arroyos ratificó 1.250 despidos tras el fracaso de la conciliación obligatoria. Paralelamente, la Justicia ordenó a la compañía explicar la existencia de casi USD 30 millones en dos bancos mientras alega dificultades para pagar salarios.
Las claves de la nota
- 1.250 despidos confirmados en Granja Tres Arroyos.
- Justicia investiga USD 30 millones en cuentas bancarias.
- Empresa en concurso preventivo con deuda superior a $126.000 millones.
- Trabajadores reclaman cuatro meses de salarios adeudados.
- Indemnizaciones bajo artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Granja Tres Arroyos, una de las principales empresas avícolas de Argentina, ha confirmado la desvinculación de 1.250 trabajadores en sus plantas de Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar. Esta decisión se tomó tras el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, sin que se alcanzara un acuerdo con el gremio. La empresa, que recientemente solicitó su concurso preventivo, justifica los despidos en la necesidad de "adecuar la estructura a la actividad efectivamente disponible y preservar la continuidad de la explotación", negando acusaciones de vaciamiento.
El escenario judicial se ha tornado más complejo, con el Juzgado Comercial N° 21 ordenando la indisponibilidad de USD 13,5 millones depositados en el Banco de Comercio. El juez Germán Páez Castañeda también requirió a la empresa que aclare el destino y disponibilidad de otros casi USD 16 millones en Eurobanco, cuestionando cómo estos fondos se compatibilizan con las alegadas dificultades para afrontar obligaciones laborales. Los trabajadores reclaman cuatro meses de salarios adeudados y se movilizaron exigiendo prioridad en los pagos.
La apertura formal del concurso preventivo se encuentra demorada por una disputa de competencia entre juzgados. Adicionalmente, el Juzgado Comercial N° 24 decretó la inhibición general de bienes y un embargo de $ 605 millones a raíz de una ejecución iniciada por el banco Credicoop por una deuda de cuenta corriente. La situación de los despidos y el pago de indemnizaciones dependerá de la resolución judicial de los concursos preventivos y la designación de un síndico, previéndose que las indemnizaciones se tramiten bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece el pago de la mitad de lo correspondiente a un despido sin causa.
El conflicto se enmarca en una profunda crisis financiera del grupo, que reconoció una deuda superior a los $ 126.000 millones en cheques rechazados. La empresa atribuye sus dificultades al "estrangulamiento del mercado interno", la competencia del pollo importado desde Brasil, el cierre de mercados externos por la gripe aviar y el aumento de costos de energía, logística y mano de obra. Esta situación genera gran incertidumbre para los trabajadores y el sector agroindustrial argentino, evidenciando la fragilidad de algunas estructuras empresariales ante factores macroeconómicos y sanitarios.