Gobierno negocia aumento de subsidios a colectivos para evitar suba del boleto

El Gobierno nacional se encuentra en una delicada negociación con las cámaras empresarias del transporte de colectivos para evitar un nuevo aumento en el precio del boleto, que actualmente se mantiene congelado desde julio con una tarifa mínima de $742 y una máxima de $1.337. La Secretaría de Transporte convocó a representantes de las principales cámaras del sector para discutir la actualización de la estructura de costos, pero las empresas consideran que las propuestas oficiales son insuficientes.

Las cámaras del transporte reclaman un incremento en los subsidios para compensar el congelamiento tarifario y el impacto de la alta inflación, que ha erosionado sus ingresos. Solicitan una partida adicional de $150.000 millones anuales, lo que representa un aumento del 15% sobre el gasto estimado de $1 billón. Además, las empresas señalan una deuda pendiente de $40.000 millones por parte del Estado.

La resistencia del Gobierno a subir la tarifa del boleto se fundamenta en su potencial impacto inflacionario, en un contexto donde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya mostró un alza del 19% en septiembre. Si bien el transporte público representa un porcentaje menor en la canasta del IPC (3,35% según EcoGo), cualquier ajuste tarifario es sensible para la economía familiar.

La situación contrasta con los ajustes que ya aplicaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires en sus respectivos sistemas de transporte público. La Ciudad anunció un aumento del 39% para noviembre, elevando el boleto mínimo a $956, mientras que el distrito bonaerense aplicó una suba del 5%, llevando el mínimo a $1.263. Este desfasaje tarifario genera presión sobre las empresas de jurisdicción nacional.

El principal desafío para el Gobierno reside en cómo financiar este potencial aumento de subsidios sin comprometer la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La negociación se torna crucial, ya que un acuerdo que no satisfaga las demandas de las empresas podría derivar en medidas de fuerza o un eventual traslado de costos a los usuarios, impactando negativamente en la dinámica inflacionaria y en el bolsillo de los ciudadanos, incluyendo a los rosarinos y habitantes de la región que dependen del transporte público.