Gobierno modifica esquema de privatización de Belgrano Cargas y destina fondos de venta de trenes a fideicomiso

El gobierno de Javier Milei ha introducido cambios significativos en el esquema financiero para la privatización de Belgrano Cargas y Logística. A través del Decreto 718/2026, se establece que los recursos obtenidos por la venta del material rodante, tanto por remate público como por su inclusión en futuros contratos de concesión de vías, serán depositados en un fideicomiso específico. Este fideicomiso será administrado por el Ministerio de Economía y tendrá como objetivo principal financiar y pagar las obras que estarán a cargo de los concesionarios ferroviarios.

Esta modificación representa un giro respecto al esquema previamente establecido por el Decreto 282/2026. Anteriormente, el producido de la venta de trenes se destinaba a un fideicomiso de obra o a otro instrumento financiero definido por Economía, con el fin de financiar obras vinculadas a las vías concesionadas. La nueva directiva busca una administración más eficiente de los recursos y una aceleración en los desembolsos, vinculando directamente los fondos de la venta de activos ferroviarios al desarrollo de infraestructura dentro del mismo proceso de privatización.

El Ministerio de Economía, bajo la dirección de Luis Caputo, será el encargado de implementar el nuevo fideicomiso y definir sus normas operativas. Además, tendrá la facultad de determinar el precio de venta del material rodante incluido en los contratos de concesión, tomando como referencia mínima la valuación del Tribunal de Tasaciones de la Nación. El objetivo gubernamental es que los recursos generados por la venta de estos activos se afecten directamente al desarrollo de infraestructura ferroviaria, acelerando así las obras previstas.

La privatización de Belgrano Cargas, incluida en la Ley Bases, contempla una desintegración vertical de la compañía. El esquema original preveía la venta del material rodante mediante remate público y la entrega de vías e inmuebles aledaños a través de contratos de concesión de obra pública. La presente modificación no altera el objetivo general de la privatización, sino que optimiza el circuito financiero de los recursos obtenidos, buscando agilizar las inversiones obligatorias y el cumplimiento de los contratos.

Para Rosario y la región, esta medida podría tener un impacto positivo a mediano y largo plazo, especialmente si se traduce en una mejora sustancial de la infraestructura ferroviaria. Una red de cargas más eficiente y moderna es crucial para la competitividad de la producción agroindustrial y de otros sectores clave para la economía santafesina. La agilización de las obras podría significar una reactivación de la actividad económica ligada a la construcción y al transporte, aunque la efectividad dependerá de la correcta gestión del fideicomiso y la transparencia en los procesos de concesión.