Gobierno autoriza emisión de deuda por $220.000 millones para pagar obra pública
El Ministerio de Economía autorizó la emisión de hasta $221.119 millones en deuda para cancelar pagos pendientes con constructoras por obra pública. Se trata de tres bonos capitalizables que vencen entre octubre de 2026 y abril de 2027, buscando no impactar el gasto fiscal primario.
Las claves de la nota
- Emisión de deuda por $221.119 millones para obra pública
- Tres bonos capitalizables vencen entre 2026 y 2027
- Constructoras consideran el monto "exiguo"
- Operación no impacta gasto fiscal primario
- Mecanismo similar se usó con generadoras y gasíferas
El Gobierno argentino ha dado luz verde a la ampliación de la emisión de deuda pública por un monto de hasta $221.119 millones. El objetivo principal de esta medida es saldar obligaciones pendientes con empresas constructoras, correspondientes a certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios ejecutados entre enero de 2022 y diciembre de 2025, así como contratos extinguidos desde 2024.
Esta operatoria se enmarca en el Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública, y se materializará a través de una canasta de tres bonos en pesos con intereses capitalizables. Los títulos incluyen una Lecap con vencimiento el 30 de octubre próximo (hasta $60.000 millones), una Boncap al 15 de enero de 2027 (hasta $51.000 millones) y otra Boncap con finalización el 30 de abril de 2027 (hasta $60.000 millones). Si bien estos títulos fueron emitidos originalmente en 2025, el Ministerio de Economía ha decidido ampliarlos para cancelar deudas con las constructoras, optando por instrumentos de deuda en lugar de pagos en efectivo.
Desde el sector de la construcción, representado por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), consideran que el monto autorizado es "exiguo", estimando que la deuda acumulada por certificados de obra podría superar los $400.000 millones en los últimos dos años. Este mecanismo de pago con deuda ya ha sido empleado por el Gobierno con otros sectores, como las generadoras eléctricas y productoras de gas, quienes recibieron bonos en dólares con condiciones que implicaron pérdidas significativas para algunas empresas.
La particularidad de esta emisión radica en que se imputará a Aplicaciones Financieras del Ministerio de Economía, lo que, en principio, no computará como gasto primario ni afectará el resultado fiscal en el momento de la entrega de los bonos. Esta estrategia busca evitar presiones adicionales sobre el superávit fiscal, en un contexto de reducción del gasto público y caída en la recaudación. Economistas señalan que la operación permite cancelar obligaciones estatales sin que estas sean devengadas "arriba de la línea" y que, al capitalizar intereses, el impacto fiscal directo se posterga indefinidamente, lo que genera interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo.