Entre Ríos promulgó ley de consorcios camineros: Vialidad financiará hasta el 80% del mantenimiento rural
Entre Ríos promulgó su ley de consorcios camineros, que permitirá a Vialidad Provincial financiar hasta el 80% del mantenimiento de la red vial rural. La norma busca fortalecer la infraestructura de 24.000 kilómetros de caminos de tierra y ripio.
Las claves de la nota
- DPV financiará hasta el 80% del mantenimiento vial rural.
- Se crean consorcios camineros como entidades de bien público.
- Financiamiento mixto: 80% provincial, 20% privado.
- Ley busca mejorar 24.000 km de caminos rurales.
La provincia de Entre Ríos ha dado un paso significativo en la mejora de su infraestructura vial rural con la promulgación de su ley de consorcios camineros. Esta normativa, impulsada por el gobierno provincial, establece un nuevo marco para el mantenimiento de los extensos 24.000 kilómetros de caminos de tierra y ripio que componen la red vial terciaria de la provincia. La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) jugará un rol central, ya que se prevé que financie hasta un 80% de los costos asociados a convenios de mantenimiento continuo.
Los consorcios camineros serán entidades de bien público y sin fines de lucro, cuyo objetivo primordial será la conservación de estas vías. Para su constitución, se requerirá una comisión promotora de al menos siete personas y un mínimo de 20 socios activos que acrediten los caminos a conservar. La DPV evaluará la viabilidad técnica de las propuestas, marcando un proceso de aprobación formal. Si bien la figura no es completamente nueva en la provincia, ya que existen consorcios que administran cerca de 1500 kilómetros, esta ley unifica y potencia el sistema.
El esquema de financiamiento es mixto, combinando aportes provinciales con contribuciones privadas. El 20% restante del costo de mantenimiento deberá ser cubierto por aportes particulares o de la propia DPV. Los fondos estatales provendrán del Fondo de Desarrollo y Conservación Vial (Ley N° 9602), cuya distribución anual se basará en la extensión territorial, el tipo de suelo y las condiciones climáticas de cada zona. Esta medida es de gran relevancia para el sector agropecuario entrerriano, que depende de caminos en buen estado para el transporte de insumos y la comercialización de sus productos.
Para el contexto de Rosario y la región, esta ley puede ser un modelo a seguir. La mejora de la infraestructura vial rural es un factor clave para la competitividad del sector agroexportador argentino. La aplicación de un esquema de financiamiento compartido, donde el Estado asume una parte importante del costo, incentiva la participación privada y la conformación de consorcios. Sería interesante observar la aplicación de esta ley en Entre Ríos y evaluar su impacto en la eficiencia del mantenimiento vial y en la reducción de costos logísticos para los productores de la provincia, lo cual podría generar un efecto positivo en la cadena de valor de los productos agropecuarios que transitan por la región.