CRA, entre Visec y la UATRE: nuevas certificaciones laborales generan tensión en el agro

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) atraviesa un momento de incertidumbre ante la creciente ola de certificaciones que impactan al sector agropecuario. La entidad, con fuerte presencia territorial, ha expresado su descontento con el mecanismo Visec, diseñado para garantizar que las exportaciones de carne y soja a la Unión Europea a partir de 2027 provengan de campos sin deforestación. CRA se retiró del Visec hace dos años, argumentando desacuerdo con la política ambientalista, aunque sus representantes en el IPCVA habían avalado previamente el sistema, en línea con los grandes frigoríficos exportadores.

La situación se agrava con la reciente iniciativa de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que ha desarrollado un sistema de certificación de buenas prácticas laborales. La semana pasada, UATRE y las organizaciones que aún operan dentro del Visec presentaron conjuntamente una "Constancia de Legalidad Laboral". Este nuevo mecanismo busca certificar las condiciones de trabajo en establecimientos agroexportadores, mediante cruces de datos y verificaciones en el terreno, incluyendo evidencias documentales y geoespaciales sobre el empleo formal. La posibilidad de "verificaciones" en el campo ha generado fricción, especialmente para CRA, que cuestiona la potencial implicancia de visitas sindicales sin la debida intervención de los organismos públicos competentes, basándose en la legislación vigente.

Este panorama se inscribe en una crisis de representatividad que afecta a diversas organizaciones del sector agropecuario, impulsando la creación de sistemas de certificación como fuente de ingresos adicionales. Iniciativas como "agricultura consciente" de Aapresid y las de la Sociedad Rural Argentina siguen esta tendencia. Para la región de Rosario y Santa Fe, con una fuerte vocación exportadora y una producción agroindustrial intensiva, estas certificaciones implican un nuevo desafío operativo y de costos. La claridad sobre los alcances y la legalidad de las inspecciones será crucial para mantener la competitividad y la fluidez de las operaciones en un mercado global cada vez más exigente en materia de sostenibilidad y derechos laborales.